Ginebra, Suiza.- La relación entre México y el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos se volvió a tensar luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada ( CED ) recordó al gobierno mexicano que el problema de las desapariciones forzadas continúa siendo una deuda pendiente y que el Estado mantiene obligaciones vigentes en el marco de los tratados internacionales.
El presidente del CED, Juan Pablo Albán-Alencastro , respondió a los recientes señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó que ese comité sí forma parte de la estructura de la ONU , al tratarse de un mecanismo creado por convenios adoptados por los propios Estados miembros para supervisar su cumplimiento. En un mensaje difundido en X , el experto explicó que su intervención buscaba aportar precisiones al debate público desde una postura de respeto institucional y con ánimo constructivo.
Albán-Alencastro sostuvo que los órganos de tratados integran formalmente el sistema de Naciones Unidas y recordó que sus miembros son electos por los Estados parte, aunque actúan con independencia. También aclaró que el procedimiento activado bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas faculta al comité a llevar con carácter urgente un asunto ante la Asamblea General de la ONU , por conducta del secretario general, cuando existen indicios bien fundados de desapariciones de carácter generalizado o sistemático. Precisó además que la decisión reciente del comité no fue remitida a la oficina del alto comisionado, sino al principal órgano deliberativo de la organización.
El titular del CED indicó que la evaluación del comité no se limita a un período específico, sino que toma en cuenta la evolución del fenómeno hasta la actualidad, a partir de las interacciones sostenidas con el Estado mexicano desde 2012 . Entre los elementos citados en esa resolución, destacó que al 19 de febrero de 2026 se tenían registradas más de 132 mil 400 personas desaparecidas , mientras que a inicios de este año las cifras oficiales calculaban alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar , frente a los 52 mil reportados durante la visita del comité en 2021 .
En ese contexto, Albán-Alencastro afirmó que la división entre el comité y el gobierno puede ser legítima, pero advirtió que la descalificación de los mecanismos internacionales resulta cuestionable. Añadió que, aunque puedan existir diferencias jurídicas e incluso políticas, el tema no debería ser politizado y debe prevalecer el respeto institucional hacia los órganos de supervisión y sus integrantes, conforme a los principios de independencia e imparcialidad establecidos en las Directrices de Addis Abeba .
El experto insistió en que los objetivos centrales deben mantenerse sin desviaciones: prevenir las desapariciones , buscar a las personas desaparecidas , investigar los casos y erradicar este fenómeno , siempre en favor de las víctimas y de sus familias.
Las declaraciones surgieron después de que el 7 de abril la presidenta Sheinbaum rechazó que la crisis de desaparecidos en México pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad , como lo planteó el comité de la ONU. La mandataria argumentó que debe distinguirse entre la desaparición forzada cometida por el Estado , como la ocurrida durante la llamada guerra sucia , y las desapariciones vinculadas actualmente a otras dinámicas de violencia. Sostuvo que, en caso de que una autoridad incurra en ese delito, debe ser sancionada.
La presidenta también sostuvo que no es válido acusar a un gobierno que, según dijo, ha combatido la desaparición forzada desde el Estado, de incurrir en esa misma conducta. Afirmó además que el informe del comité presenta debilidades, tiene una orientación crítica hacia el Estado mexicano y busca llevar esa postura ante la Asamblea General, pese a que, según expresó, su administración sí está atendiendo el problema.
En la misma línea, Sheinbaum negó que el país haya sido rebasado por la crisis de desapariciones provocada por el crimen organizado . Aseguró que su gobierno trabaja con los colectivos de búsqueda y reiteró que su compromiso es evitar la impunidad en estos casos.
El texto original también retoma la definición de Amnistía Internacional , que describe como víctimas de desaparición forzada a personas privadas de la libertad por agentes estatales, o con su consentimiento, cuyo paradero después es negado u oculto. Agrega que, en ciertos casos, también pueden intervenir actores armados no estatales, aunque subraya que, en cualquier circunstancia, se trata de un delito de derecho internacional .
De acuerdo con esa descripción, muchas víctimas nunca recuperan la libertad y su suerte permanece desconocida. En numerosos casos sufren tortura , son asesinadas o viven bajo una amenaza permanente, mientras sus familias enfrentan la incertidumbre absoluta sobre su paradero. Incluso cuando sobreviven, las secuelas físicas y psicológicas permanecen.
La desaparición forzada , concluye el documento citado, no sólo golpea a las víctimas directas ya sus familiares, sino que se convierte en una estrategia de terror que extiende la inseguridad y el miedo al conjunto de la sociedad.
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Foto: Especial
Djs
