La explotación de gas no convencional en el norte de México enfrenta nuevamente el escrutinio público, pero ahora desde una perspectiva distinta: el papel que jugó la inseguridad en el freno de proyectos energéticos durante administraciones pasadas.
Un reportaje reciente del diario Reforma documenta que la Cuenca de Burgos, una de las zonas con mayor potencial de gas en el país, quedó prácticamente paralizada hace más de una década debido a la violencia generada por el crimen organizado. Esta región, ubicada entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, fue escenario de enfrentamientos entre grupos delictivos que afectaron directamente las operaciones energéticas.
Entre 2010 y 2014, periodo que abarca los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, empresas y trabajadores del sector enfrentaron condiciones de alto riesgo. De acuerdo con la información, hubo asesinatos, secuestros y ataques a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que derivó en la salida de inversiones y en la suspensión de proyectos de exploración.
Este contexto abre nuevamente el debate sobre por qué México no desarrolló el potencial del gas shale en ese periodo, a diferencia de regiones como Texas, en Estados Unidos, donde la industria creció de forma acelerada. Especialistas coinciden en que la diferencia no radicó únicamente en factores técnicos o ambientales, sino en las condiciones de seguridad y control territorial.
En los últimos años, el tema del fracking ha sido objeto de discusión por sus implicaciones ambientales. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se optó por no impulsar esta técnica, argumentando riesgos ecológicos. Sin embargo, el debate continúa vigente ante los avances tecnológicos que, según la industria, podrían reducir algunos de sus impactos.
Con la actual administración de Claudia Sheinbaum, se ha planteado la posibilidad de retomar proyectos energéticos bajo un esquema que combine participación estatal y privada. No obstante, el desarrollo de este tipo de iniciativas dependerá no solo de factores técnicos o regulatorios, sino también de las condiciones de seguridad en las regiones donde se ubican los yacimientos.
Otro elemento que vuelve a la discusión es la estrategia de seguridad implementada en el pasado. Analistas señalan que la violencia registrada en zonas clave para la industria energética evidenció limitaciones en la política contra el crimen organizado durante esos años, lo que impactó directamente en sectores estratégicos.
Actualmente, el reto para el país es equilibrar distintos factores: el aprovechamiento de recursos energéticos, la protección ambiental y la seguridad en regiones clave. La experiencia de la Cuenca de Burgos se mantiene como un antecedente relevante sobre cómo la violencia puede incidir en decisiones económicas de gran escala.
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