Ciudad de México.— Con un perfil discreto frente a los grandes fabricantes de armas, la Planta de Municiones de Lake City —operada por Olin Winchester dentro de una base del Ejército de Estados Unidos en las afueras de Kansas City, Missouri— se ha vuelto un eslabón central del circuito de violencia transfronterizo: de sus líneas salen balas que terminan tanto en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como en los arsenales de cárteles que disputan territorios en México. Una investigación publicada en la edición impresa de enero de 2026 de Proceso, coordinada con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), documenta ese flujo y su impacto en episodios clave de la llamada “guerra” contra el narcotráfico.
Entre los cartuchos que produce la factoría destacan las municiones calibre .50, proyectiles de casi 14 centímetros y alrededor de 150 gramos que, disparados a más de 900 m/s, pueden derribar helicópteros y perforar blindajes ligeros o vidrios antibalas a distancias de hasta 1,800 metros, según el fabricante. Un recuento realizado para la investigación atribuye a rifles calibre .50 cerca de 100 enfrentamientos en México, incluidos el derribo de un helicóptero federal en 2015 durante el intento de captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho” (CJNG), el “Culiacanazo” de octubre de 2019 y el atentado contra Omar García Harfuch en 2020 en la Ciudad de México.
Las escenas del crimen dejaron huellas concretas. Tras el ataque del Cártel del Noreste a Villa Unión, Coahuila (diciembre de 2019), peritos hallaron 45 casquillos calibre .50 con el sello “LC” (Lake City). Otro hallazgo similar ocurrió el 14 de octubre de 2019 en Aguililla, Michoacán, donde un convoy estatal fue emboscado con armamento pesado —incluidos dos rifles .50—: 14 agentes fueron asesinados y vehículos quedaron calcinados; en el sitio se levantaron cuatro casquillos con la misma marca. El testimonio de Brenda Aparicio Villegas, viuda del policía Edder Paúl Negrete Trejo, expone la desprotección de los uniformados frente a armas de mayor poder e incluso la necesidad de que algunos compraran sus propias balas.
El calibre .50 también ha mostrado su capacidad contra vehículos y aeronaves militares. En febrero de 2024, el entonces titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, denunció que un proyectil de ese tipo atravesó el blindaje posterior de un vehículo militar, mató a un tripulante e hirió a otros tres. En ese contexto, se subrayó que Lake City produce para el Ejército de EU, pero vende al mercado civil. Fundada en la Segunda Guerra Mundial, la planta puede fabricar hasta 2 mil millones de cartuchos al año y emplea a 1,800 personas. Desde octubre de 2020 opera bajo contrato de Olin Winchester —adjudicación de 8 mil millones de dólares del Pentágono—, tras la administración previa de Northrop Grumman.
El negocio se amplió con la venta a civiles en Estados Unidos. Además de abastecer masivamente municiones para rifles tipo AR-15, Lake City ofrece proyectiles .50 para fuerzas armadas, aliados y consumidores, a 3–4 dólares por unidad. Intermediarios como Stahl Hunter Latam cotizaron a la Sedena munición perforante .50 de Lake City —22,330 balas por 176,853 dólares, según correos hallados entre archivos hackeados por Guacamaya—, aunque la dependencia también fabrica parte de su parque y equipa armas .50 con FN Herstal. Documentos internos muestran compras directas: en 2022, Defensa adquirió 9,999,000 municiones de Lake City a Olin Winchester, con autorización del Pentágono (sin especificar calibre).
El calibre .50 nació para ametralladoras Browning (desde 1918) y, desde 1982, dio paso a rifles portátiles capaces de impactos efectivos a más de 2 km. Las variantes perforantes, trazadoras, incendiarias o explosivas ampliaron su poder destructivo. Aunque en 1999 el Congreso de EU reguló la venta perforante a civiles, contratistas ligados a Lake City colocaron excedentes en ejércitos extranjeros y, desde 2008, revendedores ofrecieron balas al público con luz verde del Pentágono; incluso llegaron a cadenas como Walmart. Lake City no es la única fuente: firmas como Hornady Manufacturing Company también venden municiones “de caza”, incluidas para armas de guerra.
El uso criminal en México es de larga data. En 1999, la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) de EU reportó redes de tráfico de .50 hacia cárteles mexicanos. Con la militarización desde 2006, los grupos diversificaron su arsenal. Entre enero de 2009 y junio de 2024, las Fuerzas Armadas decomisaron 1,132 rifles .50 y 113,603 cartuchos de ese calibre; del lado estadounidense, se incautaron 40,370 balas de alto poder en la frontera desde 2012, un tercio con origen en Lake City. Los aseguramientos se concentraron en Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua, territorios de Zetas, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Familia Michoacana y CJNG.
Aunque el volumen de rifles .50 decomisados es menor frente al total de 203,043 armas aseguradas desde 2006 (pistolas, fusiles de asalto, escopetas), su riesgo es extraordinario por el poder de fuego: han perforado blindajes y sido usados contra helicópteros. En la vía judicial, el gobierno mexicano demandó a fabricantes de armas de EU —incluida Barrett, cuyos rifles .50 son “apreciados” por cárteles—, pero la Suprema Corte estadounidense desechó el caso. Según la base de Sedena, más de la mitad de los rifles .50 asegurados desde 2009 eran Barrett; 28% no se identificó por marca y el resto correspondía a Browning, Bushmaster, Remington y otras.
Mientras las armas han dominado la agenda pública, las municiones han quedado fuera del foco institucional. Exintegrantes del equipo jurídico de la SRE valoraron demandar por tráfico de balas, pero desistieron ante la dificultad de probar nexos causales entre homicidios y fabricantes o acreditar negligencia en ventas con destino a México. La trazabilidad balística transfronteriza es mínima. Aun así, los números describen la magnitud del flujo: entre 2014 y octubre de 2024, la ANAM confiscó 1,328,000 municiones en cruces; en estados fronterizos de EU, las incautaciones sumaron 5,920,000 balas (2012–2024). En julio de 2020, autoridades estadounidenses desarticularon una célula que abastecía al CJNG desde Phoenix, Arizona: entre lo asegurado había 10,210 cartuchos .50 de Lake City, incluidos perforantes e incendiarios.
En el terreno, los rifles .50 no siempre brindan ventaja táctica: miden 1.40 m, pesan 13 kg y requieren adiestramiento y distancia; pero su despliegue simboliza poder frente al Estado. En 2011, pistoleros de la Familia Michoacana dispararon contra cuatro helicópteros de la Policía Federal e hicieron un aterrizaje de emergencia; el 1 de mayo de 2015, durante un operativo para capturar al Mencho en Jalisco, un helicóptero Cougar 1009 fue alcanzado en el rotor de cola por fuego de armas largas —incluido .50—, se incendió y cayó: tres militares murieron y ocho resultaron heridos. El rastro técnico y humano de esta munición —fabricada en una planta militar estadounidense que también vende al público civil— conecta dos realidades: por un lado, abastece a fuerzas que combaten al crimen; por el otro, nutre a los grupos que esas fuerzas intentan desarmar. Entre ambos extremos opera un mercado transfronterizo difícil de fiscalizar, con lagunas legales, reventas y controles balísticos precarios que, al final, se traducen en comunidades atrapadas entre el fuego.
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