En medio de un clima de tensión política y militar en la región, el gobierno de Venezuela, representado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció un periodo de siete días de luto nacional tras la operación militar liderada por Estados Unidos que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El anuncio se da mientras el país enfrenta un saldo de víctimas y reacciones encontradas sobre los hechos recientes.
La mandataria interina expresó su dolor por los fallecidos durante el ataque, señalando que muchos de ellos eran jóvenes que perdieron la vida defendiendo la patria y al presidente depuesto. Afirmó que estas pérdidas “le han perforado el alma”, y argumentó que su sacrificio se debió a su lealtad a Venezuela.
El gobierno venezolano ha reportado que al menos 24 militares venezolanos murieron durante la operación, mientras que 32 militares cubanos, que cooperaban en tareas de seguridad, también perdieron la vida según autoridades de Cuba, que además decretaron dos días de duelo en la isla en memoria de sus compatriotas.
Organismos oficiales venezolanos han divulgado cifras que, sumadas a otros reportes, podrían elevar el número de víctimas totales a más de 50 personas, incluyendo tanto personal castrense como civiles, aunque estas estimaciones no han sido validadas por fuentes independientes.
La ofensiva tuvo lugar en Caracas y otras regiones del país, como los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, y forma parte de una operación militar estadounidense que culminó con la detención de Maduro y Flores el pasado 3 de enero. Fuentes internacionales corroboran que la acción incluyó bombardeos y combates, y que el exmandatario fue trasladado fuera de Venezuela bajo custodia estadounidense.
Tras la captura, Maduro y su esposa fueron presentados ante un tribunal en Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos; ambos se declararon no culpables ante las autoridades judiciales estadounidenses.
El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que se ha iniciado una investigación sobre los hechos, calificándolos —en términos oficiales venezolanos— como posibles “crímenes de guerra”. Esta postura se suma a la narrativa de rechazo hacia lo que Caracas describe como una agresión militar extranjera.
Las reacciones ante estos eventos han sido diversas. Mientras el gobierno de Caracas y aliados cercanos condenan la operación como una violación a la soberanía, sectores de la comunidad internacional y algunos países occidentales han valorado la captura como una acción dirigida a enfrentar presuntos delitos transnacionales.
En las calles de Venezuela, las tensiones continúan. Grupos civiles y militares leales al antiguo liderazgo han mostrado manifestaciones de apoyo, mientras otras voces llaman a la calma y a buscar soluciones políticas ante la crisis desatada. El periodo oficial de duelo decretado por Rodríguez busca también consolidar un mensaje de unidad interna frente a lo que el Gobierno califica como un “embate externo”.
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