Ayutla de los libres, Gro. – En pleno “ Año de la Mujer Indígena ”, las mujeres indígenas víctimas de violencia en la Montaña de Guerrero permanecen en el abandono institucional, al igual que las profesionistas y promotoras comunitarias encargadas de atenderlas. Así lo denunciaron integrantes de la Casa de los Saberes Gu'wa Kumá , del Centro de Justicia para las Mujeres de la Región de la Montaña y del Componente Estrategia Integral para la Justicia y Bienestar de Mujeres y Niñas , quienes se declararon en paro de trabajos por falta de pago de salarios.
De acuerdo con Noemí Prisciliano Fernández , coordinadora de Gu'wa Kumá , la Secretaría de Mujeres de Guerrero sólo ha cubierto los sueldos correspondientes a los primeros cuatro meses de 2025 , los cuales se pagaron hasta junio, dejando siete meses sin cubrir . La suspensión de actividades ha provocado el abandono de decenas de mujeres indígenas víctimas de violencia , así como la paralización de investigaciones judiciales y juicios de alimentos que el personal acompañaba.
"Hay muchas carpetas de investigación y juicios que se quedaron detenidos por falta de recursos para continuar el seguimiento a las usuarias. No tenemos fondos ni siquiera para los traslados o apoyos básicos", explicó Prisciliano, hija de Inés Fernández Ortega , la mujer me'phaa que llevó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) tras haber sido víctima de tortura sexual por militares en 2002.
La sentencia emitida por la CoIDH en 2010 obligó al Estado mexicano a crear un centro comunitario que brindara atención a mujeres indígenas violentadas ya niñas, niños y adolescentes desplazados por motivos educativos. No obstante, Noemí Prisciliano denunció que ni el gobierno federal ni el estatal han cumplido con esa responsabilidad:
“El gobierno federal no ha querido asumir el compromiso con la Casa de los Saberes y el estatal dice que no tiene recursos para sostenerla”.
Desde Ayutla de los Libres , Prisciliano explicó que el propósito del centro —impulsado por su madre Inés, quien es prácticamente monolingüe— fue garantizar que las mujeres indígenas sean atendidas por profesionistas que hablen su lengua materna , evitando así la violencia institucional que ella misma enfrentó al denunciar a sus agresores.
Actualmente, al menos 15 carpetas de investigación por violencia familiar y siete juicios por pensión alimentaria permanecen suspendidas por la falta de personal operativo. "Las víctimas quedan desprotegidas, sin asesoría legal ni acompañamiento. No podemos seguir trabajando sin que se nos pague", lamentó.
La activista recordó que en julio pasado , representantes de los gobiernos federal y estatal acudieron a la Casa de los Saberes para atender las quejas por los adeudos y el deterioro del albergue que hospeda a unos 45 adolescentes indígenas que estudian en Tlapa de Comonfort. Durante la reunión se comprometieron a regularizar los pagos en un plazo máximo de 15 días, pero hasta ahora no se ha cumplido .
México” , se acordaron diversos puntos: crear una partida presupuestal para 2026 destinada al cumplimiento de la sentencia, finalizar las obras de infraestructura del centro antes de septiembre de 2025 y establecer reuniones trimestrales de seguimiento. Sin embargo, ninguno de los compromisos ha sido cumplido , según denunció Prisciliano.
En la misma minuta, la Secretaría de las Mujeres federal reconoció que existe una “dilación” en la entrega de recursos a las dependencias estatales, debido a que su estructura aún está en consolidación. Se incluyeron además acuerdos para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Salud estatal participen en programas de apoyo educativo y atención médica, así como en la capacitación sobre protocolos de atención a víctimas de violencia.
Pese a ello, Noemí Prisciliano afirmó que “de esa minuta, nada se ha cumplido”. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido notificada desde hace dos años de los incumplimientos del Estado mexicano, tanto en la manutención del centro como en la atención médica a la familia Fernández .
“En la audiencia privada con la jueza de la Corte, reiteramos que el gobierno mexicano no ha garantizado un fondo permanente para el funcionamiento del centro comunitario”, señaló.
Finalmente, la abogada criticó que los discursos oficiales sobre el apoyo a las mujeres indígenas contrastan con la realidad de desamparo que enfrentan los trabajadores del propio gobierno y de las organizaciones civiles. “A los tres niveles de gobierno realmente no les interesa proteger ni apoyar a las mujeres de la Montaña”, concluyó.
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Foto: Redes sociales
Djs
