El gobierno de Estados Unidos estaría preparando una nueva estrategia judicial enfocada en investigar a políticos y funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con grupos del narcotráfico. De acuerdo con información publicada por el diario estadounidense The New York Times, el Departamento de Justicia instruyó a fiscales federales a reforzar las investigaciones contra servidores públicos señalados por posibles vínculos con cárteles de la droga.
Según el reporte, la orden habría sido emitida el pasado 13 de mayo por Aakash Singh, vicefiscal general adjunto del Departamento de Justicia, durante una llamada interna con fiscales regionales en distintas zonas de Estados Unidos.
La nueva línea de acción buscaría utilizar herramientas legales relacionadas con delitos de terrorismo para perseguir a integrantes del crimen organizado y a funcionarios presuntamente involucrados en actividades ilícitas. Esta postura se relaciona con la política impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha promovido clasificar a ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
El diario estadounidense señaló que la indicación fue dirigida a 93 fiscales federales, quienes tendrían la tarea de aumentar las acusaciones contra funcionarios considerados colaboradores del narcotráfico o señalados de facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Aunque hasta el momento no se han dado a conocer acusaciones formales ni nombres adicionales de funcionarios investigados, el reporte menciona que la estrategia podría generar nuevas tensiones diplomáticas entre ambos países, debido al alcance de las investigaciones y a la posibilidad de solicitar procesos de extradición.
La publicación también hace referencia a recientes operativos marítimos realizados por autoridades estadounidenses en zonas del Caribe y el Océano Pacífico, donde se han interceptado embarcaciones presuntamente utilizadas para el traslado de droga.
Entre los nombres mencionados dentro del reporte aparece el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien supuestamente formaría parte de un grupo de funcionarios mexicanos cuya detención sería buscada con fines de extradición. Hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha presentado públicamente documentos judiciales que confirmen dichas acusaciones.
Especialistas en relaciones internacionales han señalado en otras ocasiones que el endurecimiento de las políticas de seguridad entre México y Estados Unidos suele impactar la cooperación bilateral en temas de migración, combate al crimen organizado y comercio. Además, advierten que el uso de figuras relacionadas con terrorismo en casos de narcotráfico podría abrir un nuevo debate legal y diplomático entre ambos gobiernos.
Hasta el momento, autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre el contenido del reporte publicado por The New York Times.
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