La posible discrepancia en las fechas sobre un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos sobre el manejo de información en emergencias ambientales. Organizaciones civiles sostienen que el problema habría comenzado antes de lo que se dio a conocer oficialmente, lo que —afirman— dejó en desventaja a comunidades costeras que enfrentaron las consecuencias sin previo aviso.
En un posicionamiento difundido el 30 de marzo, agrupaciones como Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana contra el Fracking señalaron que, con base en imágenes satelitales y registros operativos, el derrame se habría originado desde inicios de febrero frente a las costas de Campeche.
De acuerdo con su análisis, las primeras manchas de hidrocarburo fueron detectadas el 6 de febrero en la zona donde se ubica un ducto activo de Petróleos Mexicanos, identificado como “OLD AK C”, que transporta crudo entre instalaciones petroleras marinas. Un día después, una embarcación especializada en reparación permaneció en el área durante varios días, mientras la mancha se extendía progresivamente en el mar.
Para mediados de febrero, las imágenes mostraban que el área afectada había crecido de forma considerable. Las organizaciones también documentaron la presencia de embarcaciones realizando maniobras de dispersión, lo que, a su juicio, evidencia que el incidente ya era conocido en ese momento, aunque no se informó públicamente.
El impacto no tardó en trasladarse a tierra. A principios de marzo, el contaminante comenzó a alcanzar costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Con el paso de los días, playas, manglares, arrecifes y zonas de pesca resultaron afectadas. Para el 21 de marzo, se habían contabilizado cientos de kilómetros de litoral con distintos niveles de daño.
En estas regiones, donde la pesca y el turismo son actividades clave, la falta de información temprana complicó la reacción de las comunidades. Sin una advertencia clara, muchos habitantes continuaron con sus actividades habituales, lo que incrementó las afectaciones económicas y ambientales.
Por su parte, autoridades federales señalaron en días recientes que el origen del derrame podría estar relacionado con diversas fuentes, incluyendo posibles filtraciones naturales o la intervención de un buque no identificado. No obstante, los colectivos consideran que esta explicación no coincide con los indicios observados en la zona, particularmente por la presencia de trabajos técnicos directamente sobre el ducto señalado.
El debate también ha puesto sobre la mesa la importancia de la transparencia en este tipo de incidentes. De acuerdo con las organizaciones, no establecer con claridad el origen y la cronología del derrame podría dificultar la asignación de responsabilidades y retrasar las acciones de remediación.
Asimismo, recordaron que los protocolos nacionales para atender derrames de hidrocarburos contemplan la notificación inmediata del incidente, la identificación de la fuente y la coordinación de medidas de respuesta. Cualquier retraso en estos pasos, advierten, puede agravar los daños tanto al medio ambiente como a las comunidades que dependen de él.
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