La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó este martes un dictamen que busca prohibir la venta, transporte y distribución de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, como parte de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta contempla sanciones penales de 1 a 8 años de prisión y multas de 100 a 2 mil UMAs para quienes comercialicen estos productos.
El dictamen fue aprobado en comisiones con 27 votos a favor, 8 en contra y una abstención, y ahora será turnado al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y posible votación final.
Protección a la salud, objetivo principal
Según el diputado Fernando Castro Trenti de Morena, la iniciativa no penaliza el uso personal ni la posesión de vapeadores, sino que se centra en quienes los venden o distribuyen. Señaló que las personas sorprendidas portando un dispositivo deberán informar sobre su procedencia, como un mecanismo para enfocar la acción del Estado en la comercialización ilegal, protegiendo especialmente a jóvenes, adolescentes y niños.
“Quiero hacer la precisión que no se sanciona ni la aportación ni el consumo… lo que estamos estableciendo es un método que permita proteger la salud de las personas, particularmente a los jóvenes y niños”, declaró Castro Trenti.
Oposición alerta por mercado negro
Legisladores de oposición advirtieron que la prohibición absoluta podría incentivar un mercado negro de vapeadores. La diputada Ana Isabel González del PRI afirmó que penalizar estas actividades generaría venta y distribución clandestina, mientras que Irais Reyes de Movimiento Ciudadano señaló que México sería el primer país democrático en castigar con cárcel actividades como comprar, almacenar o vender vapeadores.
“…El hecho de prohibir y penalizar de esta manera abre otras puertas, como la venta y distribución clandestina”, dijo Reyes.
Con el respaldo de Morena, PT y PVEM, el dictamen avanzó a la Mesa Directiva para su análisis en el pleno de la Cámara de Diputados, donde la votación definirá si la reforma a la Ley General de Salud se aprueba y entra en vigor en todo el país.
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