Ciudad de México, México.- En la madrugada del 9 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a participar en proyectos de construcción y equipamiento de infraestructura de salud.
La discusión de esta modificación se llevó a cabo después de que, 15 horas antes, se aprobara en lo general y en lo particular la reforma electoral conocida como “Plan B”. Posteriormente, la Junta de Coordinación Política decidió incluir en el debate la adición al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
La reforma fue avalada en menos de una hora, durante la madrugada, con 423 votos a favor y 37 en contra. Con este cambio, la SICT podrá intervenir, a solicitud de las autoridades federales competentes, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas vinculadas con proyectos de infraestructura, incluidos los establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, en coordinación con las tres órdenes de gobierno.
Durante la discusión, los legisladores de oposición expresaron reservas sobre el alcance y la viabilidad de la medida. El diputado de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Sánchez, reconoció la necesidad de ampliar la infraestructura hospitalaria, pero advirtió que el reto no consistirá únicamente en edificar inmuebles, sino en garantizar que queden concluidos y cuenten con lo necesario para operar correctamente.
El legislador sostuvo que, aunque la intención de sumar capacidades institucionales y facilitar los trabajos debe reconocerse, es indispensable asegurar que los nuevos espacios sean funcionales y no terminen convertidos en obras inservibles. En ese sentido, subrayó que no basta con construir edificios si estos no disponen del equipamiento adecuado para brindar atención.
Por su parte, el diputado del PRI, Miguel Alejandro Alonso Reyes, consideró riesgoso otorgar nuevas atribuciones a la SICT en materia de infraestructura de salud. Afirmó que se trata de una dependencia con funciones técnicas y sectoriales orientadas principalmente a carreteras, transporte e infraestructura logística, por lo que, a su juicio, esas nuevas responsabilidades no corresponden a su naturaleza institucional.
Añadió que la secretaría no es una instancia especializada en salud pública ni cuenta con el conocimiento técnico o clínico necesario para identificar con precisión las necesidades reales relacionadas con hospitales, centros de salud o equipamiento médico. Desde esa perspectiva, advirtió que la medida podría afectar tanto la calidad de las obras como el manejo del gasto público.
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Foto: Especial
Djs
