El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a utilizar una de sus prisiones de máxima seguridad más polémicas para detener a migrantes, como parte de su estrategia para ampliar la capacidad de reclusión de personas en situación migratoria irregular. La instalación, conocida como Angola, ha sido señalada durante años por condiciones inhumanas y casos documentados de abuso.
De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al menos 51 personas migrantes ya fueron trasladadas a este penal ubicado en el estado de Luisiana. La prisión, que tiene capacidad para más de 6 mil internos, será ampliada con 416 camas adicionales para alojar a más detenidos.
El uso de esta cárcel forma parte de un acuerdo entre el gobierno estatal de Luisiana y la administración federal, en línea con otros pactos similares en Florida e Indiana que buscan incrementar la infraestructura de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Angola: una prisión con un pasado de abusos
Construida a finales del siglo XIX sobre el terreno de antiguas plantaciones de algodón, la prisión de Angola es una de las más extensas y controvertidas del país. Durante décadas ha sido objeto de denuncias por trabajo forzado, violencia institucional y tratos crueles hacia los reclusos, ganándose el apodo de la “prisión más sangrienta” de Estados Unidos.
Aún en tiempos recientes, los señalamientos persisten. En 2023, la Asociación de Libertades Civiles Americanas (ACLU) demandó al gobierno estadounidense por presuntos abusos contra menores de edad detenidos en esa misma cárcel. Además, activistas y medios locales han alertado sobre el uso excesivo del confinamiento solitario, especialmente en una sección conocida como “El Calabozo”, donde también serán ubicados algunos migrantes.
Más camas, más detenciones
Esta medida se da en el contexto de un aumento significativo en el número de personas migrantes detenidas en EE.UU., que ya supera los 61 mil, una de las cifras más altas en años recientes. De ese total, cerca del 45 % no tiene antecedentes penales, según información del académico Austin Kocher, de la Universidad de Syracuse.
El crecimiento en la infraestructura carcelaria obedece, en parte, a los recursos aprobados en el Congreso en julio pasado, como parte de un paquete presupuestal respaldado por el expresidente Donald Trump, que contempla la habilitación de hasta 80 mil camas nuevas para personas detenidas por razones migratorias.
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