El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ampliado su estrategia legal en un caso que involucra a funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a quienes se les atribuyen posibles vínculos con una red relacionada con el crimen organizado. La nueva fase del proceso no se limita únicamente a posibles sanciones penales, sino que pone énfasis en el rastreo y decomiso de bienes y activos financieros.
De acuerdo con la acusación presentada por autoridades estadounidenses, el objetivo es identificar y recuperar activos que presuntamente habrían sido obtenidos mediante actividades ilícitas vinculadas con la facción conocida como “Los Chapitos”, asociada al Cártel de Sinaloa. Esta acción incluye la búsqueda de cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, transferencias a terceros y cualquier otro tipo de recurso que pudiera estar relacionado con dichas operaciones.
Las autoridades de ese país han señalado que, en caso de no localizar bienes directamente asociados a las personas investigadas, podrían proceder al aseguramiento de activos sustitutos o incluso de propiedades que se consideren vinculadas de manera indirecta a las supuestas actividades ilegales. Este tipo de mecanismos forma parte de las herramientas legales que Estados Unidos utiliza en casos de presunto lavado de dinero o financiamiento ilícito.
Dentro de la misma investigación se menciona a un grupo de al menos nueve personas, entre ellos exfuncionarios estatales, mandos de seguridad pública y figuras políticas de Sinaloa. Entre los señalados aparecen Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano y exsecretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; y Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Update: US issues arrest order on Mexican Narco Governor Rocha Moya!!
The US Department of Justice has initiated the process to confiscate all the assets of Governor Rubén Rocha and 9 other Mexican officials charged with drug trafficking! #Narcopoliticians pic.twitter.com/2TxzDQc64Z— US Homeland Security News (@defense_civil25) May 3, 2026
También figuran Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación; así como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal; y el actual presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Las imputaciones señalan que estas personas habrían facilitado, protegido o colaborado con estructuras del crimen organizado a cambio de beneficios económicos o políticos. Sin embargo, hasta el momento, estas acusaciones se mantienen en el ámbito judicial estadounidense y no han sido probadas en tribunales mexicanos.
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