Corea del Sur.- El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue condenado a cadena perpetua por su breve declaración de ley marcial , un desenlace que cierra de manera contundente la crisis política más grave que ha enfrentado el país en décadas, según lo expuesto en el fallo judicial.
De acuerdo con el caso, Yoon fue destituido tras un intento fallido de sortear a una Asamblea Nacional dominada por la oposición. El 3 de diciembre de 2024 decretó la ley marcial y ordenó el despliegue de tropas para rodear el Parlamento , en una maniobra que derivó en su suspensión del cargo y, posteriormente, en su salida definitiva de la Presidencia.
El juez Jee Kui-youn , del Tribunal del Distrito Central de Seúl, envió que Yoon cometió rebelión al movilizar fuerzas militares y policiales con el objetivo ilegal de apoderarse de la Asamblea , detener a dirigentes políticos y sostener un poder sin controles durante un período “considerable”. En la resolución, el magistrado señaló que el envío de tropas al recinto legislativo era un elemento decisivo para concluir que la imposición de la ley marcial equivalía a un acto de rebelión.
La medida evocó el pasado autoritario de Corea del Sur, al tratarse de la primera ley marcial declarada en más de cuatro décadas. El episodio reavivó recuerdos de períodos en los que gobiernos respaldados por militares recurrían a decretos de emergencia que permitieron el despliegue de soldados, tanques y vehículos blindados en calles o espacios públicos para frenar manifestaciones contra el poder.
Mientras los legisladores acudían de urgencia al Parlamento, el decreto anunciaba facultades amplias, entre ellas la posibilidad de suspender actividades políticas , controlar medios y publicaciones y permitir detenciones sin órdenes judiciales . Sin embargo, la proclamación se mantuvo vigente alrededor de seis horas: un quórum de diputados logró superar el cerco militar y votó por unanimidad para revocarla, lo que obligó a levantar la medida.
Yoon fue suspendido el 14 de diciembre de 2024 tras ser sometido a juicio político, y la Corte Constitucional lo destituyó formalmente en abril de 2025. Permanece bajo arresto desde julio pasado, mientras enfrenta varios procesos penales, entre ellos el de rebelión, considerado el cargo con consecuencias más severas.
La defensa del exmandatario rechazó el veredicto. Uno de sus abogados, Yoon Kap-keun , acusó al juez de emitir una decisión “predeterminada” basada en los argumentos de la fiscalía y sostuvo que el “Estado de derecho” se había derrumbado. Señaló que analizarían con su cliente y el equipo legal si presentaban una apelación. Por su parte, Yoon declaró ante el tribunal que el decreto buscaba alertar a la población sobre lo que, a su juicio, era la parálisis del Estado provocada por los progresistas, y afirmó que estaba dispuesto a catar a los legisladores si votaban contra la medida.
La fiscalía, en cambio, sostuvo que Yoon intentó inutilizar a la legislatura e impedir que los diputados revocaran la ley marcial mediante una votación, acciones que —según el argumento acusatorio— rebasaban su autoridad constitucional incluso bajo ese régimen excepcional. Al leer el fallo, el juez afirmó que el propósito era bloquear el edificio legislativo y ordenar arrestos de figuras clave, incluyendo al presidente de la Asamblea y dirigentes del partido oficialista y de la oposición, para evitar que el Congreso pudiera deliberar o votar.
En el exterior del tribunal, el ambiente se tensó con manifestaciones a favor y en contra del exmandatario. Cientos de agentes vigilaron el complejo judicial mientras simpatizantes de Yoon protestaban y elevaban sus gritos al paso del autobús que lo transportaba. En una zona cercana, los detractores exigían la pena de muerte . No se reportaron de inmediatos enfrentamientos de gravedad tras el anuncio de la sentencia.
Un fiscal especial ha solicitado la pena capital al considerar que las del exmandatario amenazaron la democracia del país, aunque acciones la mayoría de analistas citados en el texto preveía una condena a cadena perpetua debido a que el intento de toma de poder no dejó víctimas. Corea del Sur no ha ejecutado a un condenado desde 1997, en lo que se considera una moratoria de facto en medio de llamados para abolir la pena de muerte.
El tribunal también declaró culpables a exfuncionarios militares y policiales vinculados con la aplicación del decreto. Entre ellos figura el exministro de Defensa Kim Yong Hyun , sentenciado a 30 años de prisión por su papel central en la planificación y movilización del ejército. Además, se recuerda que el mes pasado Yoon recibió otra condena de cinco años por resistirse al arresto, fabricar la proclamación de la ley marcial y eludir una reunión plenaria del gabinete exigida por ley antes de emitir el decreto.
En procesos adicionales, el Tribunal Central de Seúl declaró culpables a dos integrantes del gabinete del exmandatario. El primer ministro Han Duck-soo fue condenado a 23 años de prisión por intentar legitimar el decreto en una reunión del Consejo de Gabinete, falsificar registros y mentir bajo juramento; Han apeló el veredicto.
Con esta sentencia, Yoon se convierte en el primer expresidente surcoreano en recibir cadena perpetua desde el exdictador militar Chun Doo-hwan , condenado inicialmente a muerte en 1996 por el golpe de 1979, la represión de 1980 en Gwangju que dejó más de 200 muertos o desaparecidos, y por corrupción. Más tarde, la Corte Suprema redujo la pena de Chun a cadena perpetua y fue liberada a finales de 1997 por un indulto presidencial; Falleció en 2021.
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Foto: Especial
Djs
