Ciudad de México, México. – En México, hay más hombres que mujeres penalizadas por el delito de aborto , particularmente en su modalidad de aborto forzado , de acuerdo con datos de la organización Una Vida, Una Infancia, Una Protección (UNNA) .
El reporte titulado “Aborto: La realidad no contada” revela que este delito está estrechamente ligado a formas de violencia estructural contra las mujeres , y que la mayoría de las personas procesadas o sentenciadas no son mujeres que interrumpieron su embarazo, sino terceros —principalmente hombres— que ejercieron coerción, presión o violencia para impedir la gestación .
Durante 2024 se abrieron al menos 841 carpetas de investigación por aborto forzado en el país, mientras que en 2025 se han iniciado 370 casos adicionales , según cifras obtenidas por la UNNA a través de fiscales estatales y autoridades locales .
Actualmente, 71 hombres permanecen privados de la libertad por este delito, frente a siete mujeres , quienes no fueron acusados por abortos autoprocurados, sino por su participación en delitos relacionados, como el aborto forzado .
Paulina Hernández Torruco , abogada y vocera de UNNA, explicó que las cifras demuestran que la figura penal del aborto funciona, en muchos casos, como un mecanismo de protección para mujeres embarazadas , pues permite castigar la violencia ejercida en su contra.
El especialista subrayó que “la penalización no se dirige mayoritariamente contra mujeres, sino contra quienes las violentan o las obligan a abortar mediante amenazas, manipulación o agresión física”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel federal en septiembre de 2023 , al considerar que su criminalización obstaculiza el derecho a decidir. Desde entonces, los congresos estatales han respondido de manera desigual: algunos reformaron sus códigos penales para armonizarlos con el fallo, mientras que otros mantienen sanciones de hasta 10 años de prisión .
El informe de UNNA advierte que los casos de aborto forzado suelen estar relacionados con abuso sexual infantil, violencia física o psicológica, chantaje, amenazas, trata de personas y, en situaciones extremas, feminicidio .
Uno de los ejemplos citados ocurrió en Guanajuato , donde un hombre fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión tras obligar a una menor —víctima de abuso sexual— a consumir pastillas abortivas.
Para colectivos feministas, estos casos evidencian la falta de educación sexual integral, el acceso limitado a anticonceptivos y la débil protección estatal ante la violencia sexual , más que la necesidad de mantener la penalización del aborto.
En contraste, UNNA sostiene que eliminar el delito de aborto de los códigos estatales podría debilitar la protección jurídica de las mujeres embarazadas , al dificultar el castigo de quienes ejercen violencia o coacción durante la gestación.
De acuerdo con la plataforma, Durango y Tlaxcala son las únicas entidades donde no se han registrado denuncias por aborto forzado , lo que atribuyen a factores culturales y sociales que, afirman, “mantienen una valoración más integral de la vida”.
A pesar de estas diferencias, la despenalización avanza : para 2025, 24 estados mexicanos han legalizado el aborto voluntario, mientras que el resto mantiene restricciones o solo permite el procedimiento en casos de violación, riesgo para la salud o malformaciones graves.
Organismos internacionales como la OMS y la ONU señalan que eliminar la penalización del aborto no genera impunidad , sino que permite enfocar los esfuerzos en la salud pública y la prevención de la violencia , reduciendo la mortalidad materna , los abortos inseguros y las desigualdades sociales .
En ese sentido, las agencias internacionales advierten que la criminalización del aborto perpetúa el miedo, el estigma y la negación de servicios médicos , afectando la vida, la libertad y la salud de millones de mujeres y personas gestantes en México.
