Entra en vigor la nueva Ley contra la Extorsión con sanciones más severas

Por xmontero , 29 Noviembre 2025
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La Ley contra la Extorsión elimina la necesidad de denuncia, incrementa sanciones y contempla agravantes para servidores públicos y víctimas vulnerables
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A partir de este 29 de noviembre de 2025, México estrena un nuevo marco legal para combatir la extorsión. La legislación, aprobada esta semana en el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marca un cambio significativo en la manera en que las autoridades perseguirán este delito, considerado uno de los que más afecta a ciudadanía y sectores productivos.

La iniciativa, enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y modificada por legisladores antes de su aprobación, obtuvo un respaldo amplio en la Cámara de Diputados, donde fue avalada con 409 votos a favor. Con su entrada en vigor, la norma será aplicable en las 32 entidades del país.

Extorsión será perseguida de oficio

Uno de los puntos centrales de la nueva ley es que la extorsión ahora se perseguirá de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar una investigación sin que la víctima presente una denuncia formal o la ratifique. Este cambio busca facilitar la actuación del Ministerio Público en casos donde el miedo, la presión o amenazas impiden que las víctimas acudan a denunciar.

Aumentan las penas por extorsión

La normatividad también contempla un incremento importante en las sanciones. Las nuevas penas establecen que:

  • Quien sea declarado culpable enfrentará de 15 a 25 años de prisión.

  • La condena podrá aumentar hasta 42 años cuando el responsable sea servidor público.

  • Habrá castigos más severos si la extorsión se comete contra menores de edad, mujeres embarazadas o adultos mayores.

  • También se consideran agravantes cuando el delito se realiza aprovechando una relación de confianza con la víctima.

34 agravantes considerados en la ley

La legislación incluye 34 agravantes que pueden incrementar la pena. Entre ellos destacan:

  • Uso indebido de información personal de la víctima.

  • Extorsiones realizadas desde un centro penitenciario.

  • Casos en los que se emplee violencia física o amenazas explícitas.

Con estos cambios, el Gobierno Federal y el Congreso buscan frenar una práctica que ha crecido en diversas regiones del país y que ha afectado tanto a ciudadanos como a negocios y transportistas.

 

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