Ciudad de México.— La entrega de 92 personas privadas de la libertad a autoridades de Estados Unidos, realizada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum a petición de la administración de Donald Trump, preocupa a especialistas por haber sido ejecutado fuera del marco constitucional y sin apego a los procedimientos de extradición, lo que, advierten, abre un precedente riesgoso.
Santiago Aguirre Espinosa, académico de la Universidad Iberoamericana y exdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, sostiene que estos traslados se concretaron al margen de las reglas previstas en la ley mexicana. A su juicio, aun cuando se trate de individuos acusados de delitos graves, cualquier envío a otro país para enfrentar procesos penales debe sujetarse estrictamente al procedimiento de extradición y control judicial.
El análisis de Aguirre, con enfoque en derechos humanos y derecho internacional, subraya que desde el primer caso, en febrero de 2025, el gobierno invocó la Ley de Seguridad Nacional, la Convención de Palermo, el artículo 89 constitucional y, más recientemente, acuerdos del Gabinete de Seguridad y del Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, afirma que ninguno de esos instrumentos habilita el traslado de nacionales a un tercer Estado sin seguir la extradición formal.
El especialista remarca que la Constitución prevé la extradición en su artículo 119, complementada por la Ley de Extradición y por los tratados bilaterales vigentes —en el caso de Estados Unidos, el suscrito en 1978—, por lo que la Presidencia y los órganos de seguridad carecen de facultades para ordenar remisiones por vías distintas. De ahí que, apunta, denominar estos movimientos como “envíos”, “traslados” o “expulsiones” revelan, en el fondo, la ausencia de un fundamento jurídico claro.
Aguirre advierte, además, que decisiones de naturaleza política, adoptadas bajo presión externa y justificadas en “seguridad nacional”, pueden extenderse a otros ámbitos para evadir controles y fomentar la opacidad, tendencia ya visible en años recientes. Reitera que el respeto a las normas —y no la gravedad de los delitos imputados— es lo que distingue al Estado de derecho de la actuación criminal.
Pese a las irregularidades que observa, el académico ve pocas posibilidades de revisión judicial. Considera que, con una Suprema Corte alineada políticamente y comisiones de derechos humanos debilitadas, es improbable que en México se revoquen los traslados; y en Estados Unidos, añade, la experiencia muestra que una vez que la persona llega a ese país, difícilmente se cuestiona la legalidad de su ingreso.
Desde la defensa, Yarey Sánchez Lagunas —abogada de dos de los remitidos— describe un panorama similar. Representa a Itiel Palacios García, señalado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como dirigente regional del Cártel Jalisco Nueva Generación y enviado a Nueva York el 27 de febrero de 2025, y Pablo Edwin Huerta Nuño, identificado como integrante del Cártel de los Arellano Félix y trasladado a San Diego, California, el 12 de agosto del mismo año.
Sánchez Lagunas explica que ambos habían obtenido amparos contra solicitudes de extradición, resoluciones que obligaban a las autoridades mexicanas a abstenerse de entregarlos. En su opinión, al recurrir a figuras no previstas en la ley para sortear esas suspensiones, el Estado incurrió en un “destierro” prohibido por el artículo 22 constitucional. Sostiene que, en los 92 casos, se vulneraron el debido proceso y el derecho de defensa, al impedir incluso la interposición de nuevos recursos antes de concretar los traslados.
La defensora advierte, además, sobre riesgos procesales posteriores: posibilidad de ser juzgados dos veces por los mismos hechos y la subsistencia de causas penales en México en caso de eventual retorno. Con los recursos internos agotados, afirma que la única vía disponible es la internacional.
En ese sentido, la defensa de Palacios García y Huerta Nuño ya ha remitido comunicaciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de que se examinen las presuntas violaciones a garantías fundamentales cometidas durante estos envíos.
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