Nueva York, Estados Unidos.— El gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores , utilicen recursos públicos de Venezuela para pagar su defensa legal en el proceso que enfrenta ante una Corte Federal en Nueva York. En su postura oficial, los fiscales estadounidenses sostuvieron que, si los acusados no cuentan con dinero personal suficiente, deberán recurrir a un abogado de oficio .
La posición fue presentada en un escrito del Departamento de Justicia como respuesta a una moción promovida por el abogado privado de Maduro, Barry Pollack , quien había solicitado cancelar el caso al argumentar presuntas violaciones al derecho a una defensa adecuada. En el documento, la fiscalía mostró desproporcionada esa petición y sostuvo que no existe base legal para permitir que la defensa sea financiada con fondos de un gobierno también sancionado.
De acuerdo con el escrito, tanto Maduro y Flores de manera individual como el gobierno de Venezuela están sujetos a múltiples sanciones del Departamento del Tesoro , a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) . Por ello, se les impide realizar operaciones financieras dentro de la jurisdicción estadounidense, y también se restringe a terceros el uso de fondos vinculados con esas entidades.
Los fiscales explicaron que la OFAC sí concedió una autorización excepcional para que los acusados puedan cubrir honorarios de abogados con fondos personales o conjuntos , pero negó una licencia adicional que les permitiera hacerlo mediante un fondo reservado controlado por el gobierno venezolano. Según la argumentación oficial, la normativa prohíbe expresamente que una entidad sancionada pague la representación legal de otra persona también sancionada.
Otro de los puntos expuestos por la fiscalía es que Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela , por lo que considera que no tendría derecho a beneficiar de recursos públicos del Estado venezolano. En ese sentido, los fiscales rechazaron el argumento de la defensa, que había sostenido que el gobierno de ese país estaba obligado a cubrir sus gastos legales por su carácter de servidor público.
El escrito también subraya que, desde la perspectiva estadounidense, los acusados no eran funcionarios legítimos del Estado venezolano, por lo que no podían esperar que Washington obtuviera una excepción al régimen de sanciones para permitir ese financiamiento. En una nota al pie incluida en el documento, además, se indicó que el 10 de marzo el Departamento de Estado reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como la única mandataria en funciones de Venezuela , mientras que se mantiene el desconocimiento de Maduro.
Finalmente, la fiscalía pidió al juez que se realice una revisión de la situación financiera de Maduro y Flores para determinar si realmente carecen de recursos personales. En caso de que no puedan pagar una defensa privada, la propuesta del gobierno estadounidense es que la Corte les designe representación legal sin costo, como ocurre en otros procesos penales.
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Djs