El gobierno federal de Estados Unidos anunció un cambio relevante en su política de castigo penal al ampliar los métodos autorizados para aplicar la pena de muerte en casos federales. La medida, dada a conocer por el Departamento de Justicia, contempla ahora opciones como el pelotón de fusilamiento, la electrocución y el uso de gas letal, además de la inyección letal, que ha sido el método predominante en años recientes.
El fiscal general interino, Todd Blanche, señaló que esta decisión responde a la intención de retomar la aplicación de la pena capital en delitos considerados de alto impacto, como actos de terrorismo o el asesinato de agentes policiales. De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo es reforzar la respuesta del Estado frente a crímenes graves y atender las demandas de justicia de las víctimas.
En Estados Unidos, la pena de muerte se aplica principalmente a nivel estatal, pero el gobierno federal mantiene la facultad de solicitarla en ciertos casos. Actualmente, el panorama es diverso: 23 de los 50 estados han eliminado este castigo, mientras que otros, como California, Oregón y Pensilvania, mantienen una suspensión temporal en su aplicación.
En cuanto a los métodos, cinco estados permiten el fusilamiento, aunque en la práctica su uso ha sido muy limitado y recientemente solo se ha registrado en Carolina del Sur. La electrocución sigue siendo legal en nueve estados, aunque no se ha utilizado desde 2020. Por otro lado, el uso de gas nitrógeno —una técnica relativamente reciente que provoca la muerte por asfixia— ha generado críticas a nivel internacional. Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas han advertido que este método podría considerarse cruel e inhumano.
El anuncio también revive el debate político en torno a la pena capital. Durante su administración, Donald Trump reactivó las ejecuciones federales tras casi dos décadas de pausa, y en los últimos meses de su mandato se llevaron a cabo 13 ejecuciones. En su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha reiterado su intención de ampliar el uso de este castigo para delitos que califica como “atroces”.
En contraste, el expresidente Joe Biden adoptó una postura opuesta. Antes de concluir su mandato en enero de 2025, conmutó la mayoría de las sentencias de muerte a nivel federal, reduciendo el número de personas en espera de ejecución. Solo tres casos quedaron fuera de esta medida, todos relacionados con ataques que causaron múltiples víctimas y que conmocionaron al país.
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