La violencia volvió a hacerse presente en el suroccidente de Colombia, donde un atentado con explosivos en una carretera del departamento del Cauca dejó al menos siete civiles muertos y más de 20 personas heridas de gravedad. El ataque ocurre en un momento clave para el país, marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales del 31 de mayo y un entorno de creciente tensión en materia de seguridad.
El estallido se registró mientras varios vehículos transitaban por una vía considerada de alto riesgo debido a la presencia de grupos armados ilegales. La detonación impactó directamente a los automóviles, provocando que algunos quedaran completamente destruidos o volcados. Testigos relataron que la explosión generó un fuerte cráter en la carretera y lanzó a varias personas a metros de distancia.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó el número de víctimas y detalló que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, donde varios permanecen en estado crítico. Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad acudieron a la zona para atender la situación y asegurar el área.
Este atentado se suma a una cadena de hechos violentos recientes en la región. Un día antes, una base militar en Cali fue atacada, dejando al menos dos personas lesionadas. Las autoridades han señalado como posibles responsables a disidencias de las FARC, organizaciones que no se integraron al acuerdo de paz de 2016 y que mantienen פעילות en distintas zonas del país.
La región del Cauca y el vecino Valle del Cauca han sido escenarios recurrentes de enfrentamientos y ataques. Durante 2025, estos territorios registraron múltiples agresiones contra fuerzas de seguridad y población civil, lo que ha sido catalogado como uno de los periodos más violentos de los últimos años.
Ante este panorama, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó sobre el refuerzo de operativos militares y policiales en la zona, con el objetivo de contener nuevos ataques y garantizar condiciones mínimas de seguridad.
El contexto político añade presión. A pocas semanas de los comicios presidenciales, la seguridad pública se ha convertido en uno de los temas centrales del debate. Aspirantes como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia han denunciado amenazas de muerte, lo que refleja el clima de incertidumbre que rodea el proceso electoral.
Desde 2022, el presidente Gustavo Petro ha impulsado una política de negociación con grupos armados; sin embargo, los avances han sido limitados y, en algunas regiones, la presencia de estas organizaciones se ha fortalecido.
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