La entrega de presuntos líderes criminales a Estados Unidos abrió un nuevo frente legal luego de que familiares de uno de ellos interpusieran una denuncia ante la Fiscalía General de la República por lo que consideran un acto ilegal de “destierro”. La queja fue presentada por Vanessa Guzmán, esposa de Juan Pedro Saldívar Farías, conocido como el Z-27, exdirigente del grupo criminal Los Zetas.
La denunciante señaló directamente al Consejo de Seguridad Nacional de México, al que acusa de haber incurrido en los delitos de traición a la patria y coalición de servidores públicos por autorizar el traslado de su esposo sin que existiera, afirmó, un proceso formal de extradición. En conferencia de prensa, sostuvo que el gobierno ha intentado presentar el caso como una expulsión, lo cual rechazó al argumentar que Saldívar Farías es ciudadano mexicano.
El Z-27 formó parte del tercer grupo de 37 capos del crimen organizado que el gobierno federal trasladó a Estados Unidos el pasado 20 de enero, como parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad. El exlíder criminal cumplía en México una sentencia de 15 años y cuatro meses, de la cual ya había cubierto la mayor parte, situación que, según su defensa, lo colocaba como posible candidato a beneficios preliberacionales.
Vanessa Guzmán afirmó que desde el traslado no ha tenido ningún tipo de contacto con su esposo y que tampoco se les ha notificado oficialmente el lugar donde se encuentra detenido. Aunque versiones periodísticas apuntan a que habría sido llevado a Houston, dijo que la familia no ha recibido confirmación ni siquiera una primera llamada, lo que consideró una violación a sus derechos.
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Foto: Especial
cdch
