Con la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso punto final al programa de regularización de vehículos usados importados de manera irregular, conocidos popularmente como autos “chocolate”. A partir del 1 de enero de 2026, ya no se aceptan nuevos trámites bajo este esquema, vigente desde 2022.
La disposición deja sin efectos el acuerdo de octubre de 2021, el decreto principal de diciembre de 2022 y todas las modificaciones posteriores que se acumularon en los últimos años. En conjunto, estas reglas permitieron que más de 2.5 millones de vehículos fueran incorporados al padrón vehicular, mediante un procedimiento simplificado y el pago de una cuota fija de 2 mil 500 pesos.
Durante su aplicación, el programa se concentró principalmente en entidades del norte y centro del país, donde la circulación de vehículos importados de manera irregular es más común. Estados como Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila encabezaron la lista, aunque también se sumaron entidades del Bajío y del occidente, como Jalisco, Michoacán y Zacatecas.
El decreto señala que el esquema ya cumplió su ciclo y que, en adelante, la importación de vehículos usados deberá apegarse a las reglas generales de comercio exterior. Esto implica volver a los requisitos tradicionales, como pedimentos de importación, cumplimiento de normas ambientales y de seguridad, así como el pago de impuestos, lo que eleva de manera considerable el costo de legalizar un auto traído del extranjero.
El fin del programa no ha estado exento de debate público. Por un lado, para muchas familias, el trámite representó una forma accesible de dar certeza legal a un vehículo utilizado para trabajo o transporte diario. Por otro, distintos sectores de la industria automotriz nacional advirtieron desde el inicio que la regularización masiva afectaba la venta de autos nuevos y usados, además de incentivar la entrada de unidades antiguas con mayores niveles de contaminación.
Con el cierre definitivo del programa, especialistas anticipan un cambio en la dinámica vehicular, sobre todo en las regiones fronterizas. Las autoridades locales deberán reforzar la vigilancia, mientras que los propietarios de autos que no lograron regularizarse enfrentarán multas, decomisos o la imposibilidad de asegurar sus unidades.
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