El endurecimiento de la postura judicial en Estados Unidos hacia el crimen organizado y presuntos vínculos con autoridades extranjeras vuelve a colocarse en el centro del debate político y diplomático. El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, señaló que podrían presentarse más acusaciones formales contra funcionarios mexicanos en los próximos meses, en el marco de investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
En entrevista con el medio NewsNation, el funcionario aseguró que este tipo de procesos no serían hechos aislados, sino parte de una estrategia que ya ha incluido cargos contra diversos actores políticos y judiciales en México. Incluso, afirmó que recientemente se ha procedido contra un juez, además de un gobernador en funciones.
Blanche mencionó el caso del gobernador de Rubén Rocha Moya, a quien autoridades estadounidenses han señalado por presuntos vínculos con organizaciones criminales. De acuerdo con lo expuesto, dichos señalamientos habrían derivado en procesos judiciales en tribunales federales de Nueva York, lo que incluso llevó al funcionario mexicano a solicitar licencia a su cargo.
El fiscal interino sostuvo que la cooperación entre ambos países ha permitido la transferencia de presuntos líderes criminales hacia territorio estadounidense, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación. Según su versión, algunos de estos perfiles estarían en disposición de colaborar con las autoridades, lo que podría derivar en la presentación de cargos adicionales contra otras personas involucradas.
En sus declaraciones, Blanche insistió en que estos procesos forman parte de una estrategia legal que continuará, sin que ello implique un cambio de enfoque en el corto plazo. También afirmó que las acciones judiciales en curso no son un fenómeno reciente, sino una práctica que ya se había implementado en administraciones anteriores.
Respecto a la posibilidad de una intervención militar directa, el funcionario descartó ese escenario. Señaló que el despliegue de tropas estadounidenses en México no está considerado dentro de las opciones actuales del gobierno.
No obstante, reconoció que la decisión final sobre cualquier acción de ese tipo recaería en la presidencia de Donald Trump y no en el Departamento de Justicia. En ese sentido, subrayó que la estrategia vigente se mantiene enfocada en la cooperación entre agencias de seguridad de ambos países.
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