Madrid, España.- La Conferencia Episcopal Española y el gobierno de España firmaron un acuerdo para poner en marcha un sistema de indemnización dirigido a víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero cuyos presuntos delitos ya no pueden ser juzgados o cuyos responsables han fallecido. El nuevo mecanismo de reparación Iglesia-Estado entrará en vigor el 15 de abril .
El esquema contempla un plazo de un año para la presentación de reclamaciones y representa una concesión poco habitual por parte de la jerarquía católica. La medida busca destrabar las diferencias entre el gobierno de izquierda y las autoridades eclesiásticas en torno a las reparaciones, luego de los cuestionamientos que hicieron las víctimas a una propuesta inicial de compensación interna impulsada por la propia Iglesia .
El presidente de la Conferencia Episcopal Española , Luis Argüello , señaló que el documento no fija montos específicos para las compensaciones. Por su parte, el ministro de Justicia , Félix Bolaños , explicó que las reparaciones serán analizadas caso por caso, a partir de criterios como la gravedad de los hechos, la edad de la víctima y la reincidencia del abuso, con el objetivo de alcanzar una compensación justa.
En los últimos años, España ha comenzado a enfrentar el impacto de décadas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica y del encubrimiento atribuido a distintos niveles de la jerarquía religiosa. En 2023, el Defensor del Pueblo presentó un informe de 800 páginas sobre el tema, basado en 487 casos conocidos, además de una encuesta que estimó que el número de posibles víctimas podría ascender a cientos de millas.
De acuerdo con el nuevo acuerdo, las víctimas deberán presentar su solicitud inicial ante el Ministerio de Justicia . Después, el expediente será remitido al Defensor del Pueblo , quien analizará el caso y propondrá una compensación. Esa propuesta será revisada por un comité de la Iglesia , y si no se alcanza un acuerdo, el asunto pasará a una instancia conjunta con representantes eclesiásticos, de la oficina del defensor y de asociaciones de víctimas. En caso de que tampoco ahí haya consenso, prevalecerá la determinación del Defensor del Pueblo .
Según Bolaños , este mecanismo marca un precedente internacional, al establecer que el Estado tendrá la última palabra mientras la Iglesia asumirá el pago de las reparaciones correspondientes a cada víctima.
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Foto: Especial
Djs
