México.- Por medio de un artículo que publica la Revista Proceso en su edición de este domingo ocho de febrero titulado: “Un decreto a la medida de Jesús Ramírez: afectación al erario por 27 mil millones de pesos”, detalla que el exvocero presidencial durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, utilizó un decreto sobre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como instrumento de operación política.
Durante el mismo, Proceso dio a conocer un capítulo del libro: “Ni venganza ni perdón”, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, en el cual se menciona, que Jesús Ramírez Cuevas utilizó un decreto sobre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como instrumento de operación política, que le permitió el uso de recursos públicos para establecer redes clientelares con fines políticos.
De manera exclusiva, Proceso sostiene que el programa de “compensación vitalicia” -presentado como acto de justicia social- careció de sustento jurídico y financiero, situación que generó un pasivo de casi 27 mil millones de pesos, fracturó al Sindicato Mexicano de Electricistas y colocó recursos públicos al servicio de intereses políticos del propio Ramírez Cuevas, incluida la precandidatura de Clara Brugada.
Cabe destacar que editado por Planeta, el título firmado junto a Jorge Fernández Menéndez podrá ser encontrado por los lectores en las librerías a partir del 11 de febrero.
El 25 de agosto de 2022, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que estableció una “compensación vitalicia por justicia social” para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Esa disposición, controvertida y discutida incluso dentro del gabinete presidencial, marcó un punto de quiebre no solo en el manejo presupuestal del Estado, sino en la interpretación de la justicia laboral.
Afirma, lo que fue presentado como un acto de reparación para quienes quedaron en el limbo laboral tras la extinción del organismo en 2009, derivó en una operación política dirigida por Jesús Ramírez Cuevas, entonces vocero presidencial, cuya influencia fue clave para convencer al presidente López Obrador de implementar el programa, pese a que la mayoría de los beneficiarios ya habían sido liquidados conforme a la ley.
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