El Senado de la República se prepara para discutir un paso clave en la implementación de la jornada laboral de 40 horas en México. Este miércoles 8 de abril, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, junto con la de Estudios Legislativos, Primera, votarán el dictamen de la reforma secundaria que definirá cómo se aplicarán los cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
La propuesta retoma en gran medida la iniciativa enviada en diciembre pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y establece un esquema de implementación gradual para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Este proceso se extendería hasta 2030, con ajustes progresivos que permitirán a las empresas adaptarse al nuevo modelo.
Uno de los puntos más relevantes del dictamen es la obligación para los empleadores de contar con un registro electrónico de las horas trabajadas. Este sistema, conocido comúnmente como “reloj checador digital”, deberá documentar tanto la jornada ordinaria como el tiempo extraordinario. Además, se plantea que este registro tenga valor como medio de prueba en caso de conflictos laborales, lo que podría incidir en disputas entre trabajadores y empresas.
La reforma también contempla sanciones económicas para quienes incumplan con esta obligación. Las multas irían de aproximadamente 29 mil a más de 586 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta, calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con esto, se busca reforzar la vigilancia sobre el cumplimiento de los horarios laborales.
En cuanto a las horas extra, el dictamen mantiene los límites establecidos a nivel constitucional, pero introduce un esquema de transición. Durante los próximos años, el máximo permitido se ajustará de forma paulatina: se permitirán hasta 9 horas adicionales en 2026 y 2027, incrementándose gradualmente hasta llegar a 12 horas en 2030, conforme avance la reducción de la jornada ordinaria.
Un aspecto que generó debate previo fue la posible modificación al concepto de jornada laboral. Sin embargo, las comisiones decidieron mantener la definición vigente desde 1970, que establece que se trata del tiempo en el que el trabajador está a disposición del patrón. No obstante, se añadirá la posibilidad de que la distribución de las horas pueda acordarse entre ambas partes, lo que abre la puerta a esquemas más flexibles.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrá la facultad de emitir lineamientos específicos para regular el uso del registro electrónico, así como definir posibles excepciones y supervisar su cumplimiento.
De aprobarse, la reforma entraría en vigor el 1 de mayo, fecha a partir de la cual comenzará un periodo de transición que se extenderá hasta enero de 2027. Durante ese tiempo, las empresas deberán prepararse para la primera reducción de horas. A partir de entonces, se aplicarán recortes de dos horas por año hasta alcanzar la meta de 40 horas semanales al cierre de la década.
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