La discusión sobre la reducción de la jornada laboral en México dio un paso importante en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que plantea disminuir la semana laboral de 48 a 40 horas, en línea con el cambio al artículo 123 constitucional publicado previamente. Ahora, el dictamen será enviado al Senado de la República para su análisis y posible aprobación.
El ajuste legal mantiene el descanso semanal con salario íntegro y establece que la legislación secundaria deberá adecuarse en un plazo máximo de 90 días, una vez que la reforma entre en vigor. Con ello, se busca dar un marco jurídico actualizado a las nuevas condiciones laborales que se proponen.
Uno de los puntos clave del proyecto es su implementación gradual. De acuerdo con lo discutido en el Congreso, la reducción no será inmediata: comenzará en 2027 con 46 horas semanales y avanzará de forma progresiva hasta llegar a las 40 horas en 2030. Este esquema busca dar tiempo a las empresas para adaptarse a los cambios sin afectar de manera abrupta la operación laboral.
La reforma también contempla un modelo de flexibilidad laboral, que permitirá distribuir la jornada mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores, siempre sin modificar la definición general de jornada establecida en la ley. Este punto abre la posibilidad de reorganizar horarios, dependiendo de las necesidades de cada centro de trabajo.
Sin embargo, durante el debate legislativo surgieron posturas críticas. Legisladores de oposición señalaron que el dictamen no establece de forma obligatoria el esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso, lo que consideran una omisión importante. Argumentan que no garantizar este modelo podría limitar los beneficios esperados en términos de descanso, salud y calidad de vida, especialmente en sectores con menores ingresos.
Otro aspecto relevante del dictamen es la regulación del trabajo extraordinario. La reforma establece que las horas extra no deberán exceder las 12 horas semanales y deberán pagarse al 200% del salario ordinario, conforme a la legislación vigente. Este punto busca evitar abusos y delimitar claramente los márgenes del tiempo adicional de trabajo.
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