El Congreso de Perú decidió avanzar con un proceso de juicio político para la destitución de la presidenta Dina Boluarte, en medio de una grave crisis de seguridad que afecta al país sudamericano. La aprobación ocurrió la noche del jueves, cuando la mayoría parlamentaria respaldó las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la mandataria.
Boluarte, quien asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, enfrenta acusaciones basadas en lo que los legisladores han calificado como “permanente incapacidad moral” para gobernar. Este término se ha vuelto común en los procesos de destitución en Perú, aunque su definición legal es amplia y ha generado debates sobre su uso político.
Durante la sesión parlamentaria, cada una de las cuatro mociones obtuvo un apoyo significativo, con más de 100 votos a favor de un total de 122 legisladores presentes. La unanimidad en este sentido refleja la tensión que atraviesa la escena política peruana y la presión que enfrentan las autoridades para responder a la crisis social y de seguridad que se vive en el país.
Tras la aprobación, las bancadas políticas buscarán que la presidenta Boluarte sea convocada a comparecer ante el pleno del Congreso, o bien a través de un representante legal, para ejercer su derecho a la defensa en el proceso de destitución. El objetivo es que este trámite se realice lo más pronto posible, en un intento por dar certidumbre sobre el futuro político del país.
La crisis que atraviesa Perú incluye manifestaciones sociales, hechos de violencia y cuestionamientos sobre el manejo del gobierno en temas de seguridad. Desde que Boluarte asumió el cargo tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo, ha enfrentado constantes desafíos para mantener el orden y la gobernabilidad.
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