Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) deberá elaborar y publicar un manual operativo dirigido a las fiscalías y unidades especializadas en la atención e investigación del delito de extorsión , con el objetivo de unificar criterios y fortalecer las capacidades institucionales frente a este ilícito.
El acuerdo fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública durante su última sesión, celebrada el 11 de diciembre, donde se fijó como fecha límite el último día hábil de febrero de 2026 para la presentación oficial del documento.
El manual establecerá los protocolos para la recepción de denuncias, los procedimientos de investigación y las estrategias de persecución penal , con el propósito de garantizar una respuesta homogénea y eficaz en todo el país.
Como parte del mismo acuerdo, el Consejo instruyó a los gobernadores y jefas o jefes de gobierno estatal a presentar ante sus respectivos congresos iniciativas de reforma legislativa que armonicen los marcos jurídicos locales con la nueva estrategia nacional contra la extorsión. Dichas propuestas deberán ser enviadas antes del 31 de enero de 2026 y notificadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública .
Estos forman parte de la estrategia integral del gobierno federal para combatir los delitos de alto impacto, particularmente la extorsión, que continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos medidas para grupos criminales en diversas regiones del país.
En los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación , también se definieron los ejes estratégicos y programas prioritarios en materia de seguridad pública que orientarán la aplicación de recursos federales en los estados y municipios.
Los ejes se centran en el fortalecimiento profesional de los cuerpos de seguridad , el desarrollo institucional , la modernización tecnológica y la transformación del sistema penitenciario nacional .
Asimismo, se establecieron nueve programas prioritarios , entre los que destacan: la profesionalización y servicio de carrera policial, el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia, la implementación de modelos de justicia cívica , la mejora en los centros de comando y control (C4 y C5) , y la modernización de los registros estatales de vehículos .
El documento precisa que estos ejes y programas constituyen las políticas públicas nacionales en materia de seguridad , y servirán como guía para la distribución de los fondos federales destinados al fortalecimiento de las capacidades locales y al combate directo a la criminalidad.
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Foto: IA
Djs
