Ciudad de México.– Aunque el número de periodistas asesinados en México mostró una disminución, el país continúa ubicado entre los entornos más peligrosos para el ejercicio de la prensa en la región. Así lo establece el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que además advierte sobre la persistencia de la impunidad y el aumento de presiones y descalificaciones desde el poder hacia reporteros y medios de comunicación.
De acuerdo con el informe, durante el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 fueron asesinados nueve periodistas en México. El documento señala que, aunque el Estado no perpetra directamente esos crímenes, no ha logrado garantizar la vida ni la seguridad de los comunicadores, lo que mantiene al país en una situación crítica para el ejercicio informativo.
La evaluación presentada por la SIP fue construida con base en la opinión de 195 especialistas en libertad de expresión de 23 países. En el caso mexicano, el reporte subraya que la medición coincidió con la transición en el Poder Ejecutivo federal, en un contexto donde, según el análisis, prevalece en la opinión pública la percepción de que poco o nada cambió durante el último año respecto al tono sistemáticamente condenatorio contra la prensa independiente.
México quedó clasificado en la categoría de “Alta Restricción”, junto con Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, Haití, Cuba y El Salvador. El país obtuvo 34.9 puntos de un máximo de 100, con lo que se colocó en el lugar 18 del listado y descendió cinco posiciones frente a la medición anterior. Se trata, además, de su peor calificación desde que comenzó a publicarse el Índice Chapultepec en 2020.
El estudio identifica al entorno del Poder Ejecutivo como el principal generador de condiciones adversas para la libertad de expresión, seguido muy de cerca por el Legislativo, ambos con una influencia calificada como moderada. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado en contra de la censura, el documento sostiene que su administración ha endurecido controles sobre el acceso de los medios a la información pública, así como sobre el sector de las telecomunicaciones.
El informe también advierte sobre otras formas de presión institucional. Señala que gobernadores, alcaldes y funcionarios han recurrido a demandas civiles como vía para inhibir la crítica periodística. Entre los casos mencionados aparece el de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien denunció al periodista Jorge Luis González Valdez. A raíz de ese proceso, un juez ordenó el cierre del medio Tribuna por dos años y prohibió al comunicador ejercer su trabajo durante el mismo período.
En el plano regional, el documento sostiene que América Latina se perfila hacia una etapa marcada por procesos electorales y cambios geopolíticos capaces de reconfigurar el ambiente informativo. Bajo ese escenario, el análisis considera que el período evaluado figura entre los más negativos para el periodismo en la región, debido a homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad agravada en países como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela.
Según el Índice Chapultepec, en las naciones con peores resultados han predominado formas de presidencialismo autoritario. Agregue que, en la mayoría de esos países, los expertos consultados atribuyen a los respectivos Poderes Ejecutivos el entorno más estrechamente ligado a las condiciones adversas para las libertades de expresión y de prensa.
El reporte dedica también un apartado a la publicidad oficial, tema que desde hace años ha permanecido en el centro del debate público por sus implicaciones como mecanismo de control. En ese punto, se plantea la necesidad de establecer controles más estrictos para impedir que esos recursos se mantengan como una herramienta de censura indirecta.
El documento sostiene que la publicidad oficial ha operado durante años como un instrumento de control indirecto en México y que, si antes su distribución era más diversificada, en el sexenio actual se ha concentrado en medios identificados abiertamente con una corriente ideológica específica. Aunque el informe no menciona nombres, el texto alude al caso de La Jornada, medio que en 2024 recibió 233 millones de pesos por ese concepto.
Esa observación coincide con datos difundidos por Artículo 19, organización que documentó que entre 2019 y 2023 un total de 921 medios de comunicación recibieron publicidad oficial. De ese universo, sólo diez concentraron el 48,57% de los recursos, mientras que los 911 restantes se repartieron el 51,43%. En ese mismo período, Televisa, La Jornada y TV Azteca fueron los medios con mayor captación de esos fondos.
El artículo 19 detalló que Televisa obtuvo el 10,43% del total; La Jornada, 9%, y TV Azteca, 8.71%. En conjunto, esas tres empresas acumularon cuatro mil 79 millones de pesos, equivalentes a 28.13% del presupuesto total destinado a publicidad oficial.
En materia de violencia, el Índice Chapultepec advierte que el acoso judicial y las agresiones contra la prensa continúan en niveles alarmantes, al tiempo que persiste una impunidad generalizada. Aunque los asesinatos de periodistas han disminuido, la ausencia de gobiernos eficaces para prevenir los ataques y castigar a las acciones responsables mantiene la percepción de que México sigue siendo un entorno restrictivo y de alto riesgo para informar.
Por ello, el informe plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección. Si bien la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión es la instancia responsable de investigar y perseguir estos delitos, el número de casos que concluyen con una sentencia favorable sigue siendo reducido.
Desde su creación en 2010 y hasta 2024, la Feadle inició dos mil 371 investigaciones, de las cuales únicamente 201 fueron resultados. Esa cifra representa una impunidad del 84,7%. Si el cálculo se limita a las sentencias condenatorias, el nivel de impunidad se eleva a 98.27%.
El informe concluye que, pese a la existencia de fiscales especializadas ya la aprobación en 2017 del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, la mayoría de los expedientes no llega a judicializarse y la impunidad permanece como una constante en los delitos cometidos contra periodistas.
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Foto: Especial
Djs
