1. Reforma judicial con aroma recaudatorio
El 16 de octubre de 2025, el Gobierno publicó reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En apariencia, se trata de modernizar la justicia y digitalizar procesos. En realidad, el cambio consolida un enfoque donde la autoridad cobra primero y el ciudadano se defiende después.
El amparo, que por más de un siglo fue el escudo del ciudadano contra el abuso de poder, ahora exige que el daño ya sea real y comprobado para poder interponerlo. Esto significa que, si un juez, una oficina fiscal o un municipio cometen un exceso, no podrás defenderte preventivamente, sino sólo después de haber sido afectado.
Mientras tanto, el Código Fiscal reformado permite embargos digitales automáticos: basta que el SAT notifique por el Buzón Tributario para congelar tus cuentas sin aviso físico. Las pymes, profesionistas y personas físicas —que viven al día— quedan atrapadas entre un gobierno que no necesita reforma fiscal porque ya recauda todo lo que puede del consumo, y un Poder Judicial que ya no puede frenar a tiempo los excesos.
2. ¿Qué opinan las empresas?
Según una encuesta nacional de la Canaco, el 95 % de los empresarios considera que la reforma a la Ley de Amparo lesiona la certeza jurídica y deja indefensos a quienes crean empleo e inversión. Los organismos empresariales advierten que el mensaje a los inversionistas es claro: en México las reglas pueden cambiar sin consenso, y la justicia ya no es previsible.
Pero esto no solo afecta a los grandes consorcios: también golpea al pequeño empresario, al agricultor que defiende su parcela o a la persona que hereda una casa. Cualquiera que necesite amparo contra un abuso —fiscal, judicial o administrativo— tendrá más puertas cerradas.
3. El Presupuesto 2026: de dónde viene el dinero y en qué se va
El Proyecto de Presupuesto 2026 prevé ingresos por 10.2 billones de pesos. De cada 100 pesos que recibe el gobierno:
• 30 pesos provienen del ISR (personas y empresas formales).
• 18 pesos del IVA (que todos pagamos al consumir).
• 9 pesos del IEPS (gasolina, alcohol, cigarros, refrescos, energía).
• 14 de venta de bienes según el presupuesto.
• El resto de derechos, aprovechamientos y otros ingresos.
En conjunto, el 27% de todo lo que el gobierno recauda viene de impuestos al consumo (IVA + IEPS). Eso explica por qué el discurso oficial dice que no se necesita una reforma fiscal: porque ya cobran a todos, aunque muchos no lo sepan.
4. ¿Y en qué se gastan esos 100 pesos?
• 15 pesos se van al pago de la deuda pública (intereses).
• 25 pesos a programas sociales.
• 13 pesos a educación y salud.
• 10 pesos a Pemex y CFE.
• 7 pesos a infraestructura y obras emblemáticas.
• 30 pesos a gasto corriente y burocracia.
Más del 80 % del presupuesto ya está comprometido, lo que deja poco margen para inversión productiva nueva. El modelo es claro: recaudar vía consumo, endeudarse lo necesario y gastar en mantener programas y estructuras ya existentes.
5. El gran punto ciego: la mayoría que “no se siente afectada”
A unos 90 millones de mexicanos —asalariados o informales— este tema les parece ajeno. Piensan: ‘yo no tengo empresa, nunca necesitaré un amparo’. Pero la verdad es otra: cuando desaparece la inversión privada de las pymes, disminuyen los empleos reales, y las únicas fuentes laborales terminan siendo el gobierno y los grandes conglomerados.
Sin competencia, sin crédito y sin justicia accesible, la economía se vuelve un sistema cerrado donde unos pocos mandan y los demás sobreviven. Ese valemadrismo colectivo —la idea de que la legalidad sólo importa a los ricos— es lo que permite que avancen las reformas sin resistencia. Mientras la mayoría guarda silencio, se debilita el equilibrio que protegía también sus derechos más básicos: propiedad, salario, y libertad de elección.
México entra en 2026 con un modelo que combina tres elementos peligrosos:
1. Poder judicial debilitado.
2. Sistema fiscal recaudatorio e inflexible.
3. Sociedad desinteresada que cree no necesitar justicia.
Es el pacto silencioso de un país donde se cobra a todos, se escucha a pocos y se protege menos. Y cuando ese ciclo se consolide, ya no habrá amparo posible… ni para el empresario ni para el trabajador ni para el ciudadano común.
Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
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Columna de Mario Sandoval en sdp noticias
LMR
