El Congreso mexicano dio un paso más hacia la prohibición total de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares en el país, al avanzar el dictamen que regula de manera estricta su uso y comercio. La propuesta surge a partir de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque las discusiones en comisiones han girado más en torno a los riesgos sanitarios y al vacío legal que durante años ha permitido la venta informal de estos aparatos.
La reforma plantea integrar a la Ley General de Salud un capítulo que reconoce los sistemas de vapeo como una amenaza creciente para la salud pública. Legisladores que respaldan el dictamen argumentan que la popularidad de estos dispositivos entre jóvenes, así como la falta de controles sobre las sustancias que contienen, hacen necesario un marco más rígido que permita prevenir daños y establecer reglas claras para su vigilancia.
Qué considera la ley como vapeo
El documento aprobado describe a los cigarros electrónicos y dispositivos análogos como aparatos que calientan o vaporizan mezclas químicas, con o sin nicotina, capaces de ser inhaladas. Aunque muchos de estos productos se comercializan como alternativas “menos dañinas” que el tabaco, organizaciones médicas han señalado que no existe evidencia concluyente que permita considerarlos inocuos. En cambio, sí se han documentado riesgos respiratorios asociados a su uso prolongado.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), por ejemplo, ha advertido desde 2022 que estos artefactos contienen compuestos que pueden generar daño pulmonar y adicción, información relevante para el debate legislativo.
Prohibiciones y sanciones previstas
De aprobarse en pleno, México se sumaría a la lista de países que han optado por vetar totalmente la cadena comercial de estos productos. El dictamen prohíbe producir, importar, exportar, almacenar, distribuir y vender cualquier tipo de vapeador. También impide su publicidad en medios impresos, digitales y electrónicos, así como cualquier forma de promoción.
Las medidas no se quedarían únicamente en lo administrativo. Se prevén sanciones que van desde uno hasta ocho años de prisión, además de multas que podrían alcanzar miles de pesos para quienes se dediquen al comercio o difusión de estos dispositivos. Las autoridades sanitarias podrán asegurar mercancía, realizar inspecciones y aplicar medidas de seguridad.
Cambios paralelos en salud digital e infraestructura médica
Aunque la prohibición a los vapeadores ha acaparado los reflectores, el dictamen incluye también una serie de ajustes al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Entre ellos se contempla fortalecer la coordinación para el abasto de medicamentos, la compra consolidada de insumos y la incorporación de tecnologías como telesalud, telemedicina y registros clínicos electrónicos.
Las reformas añaden la creación de una Base Nacional de Información en Salud que permitiría evaluar el desempeño de hospitales y centros de atención, así como planear políticas públicas basadas en datos. También se formaliza un marco para los comités de ética, bioética y bioseguridad, con el fin de supervisar proyectos de investigación y el uso de nuevas técnicas médicas.
Durante la discusión artículo por artículo se presentaron ajustes relacionados con infraestructura hospitalaria, medicina regenerativa, insumos médicos y regulación de productos sanguíneos. Las modificaciones serán revisadas antes de que el dictamen pase al pleno, donde se prevé un debate intenso por las implicaciones comerciales y de salud pública.
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