En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del presidente argentino Javier Milei defendió públicamente los cambios realizados en las políticas de género implementadas por administraciones anteriores. La administración aseguró que su estrategia busca eliminar estructuras estatales que, según su postura, respondían a agendas ideológicas y generaban altos costos para el Estado.
A través de la cuenta oficial de la Casa Rosada en la red social X, el Ejecutivo señaló que durante años las políticas vinculadas a igualdad de género fueron utilizadas para sostener organismos burocráticos y programas que, a su juicio, no respondían a las prioridades actuales del país. En ese contexto, el Gobierno afirmó que el modelo de gestión anterior quedó atrás.
Desde la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023, diversas instituciones y programas vinculados con la promoción de derechos de las mujeres y de personas LGBTIQ+ han sido eliminados o reorganizados. Uno de los cambios más relevantes fue el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, instancia a la que había sido reducido previamente el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina en junio de 2024.
Con esta decisión, Argentina dejó de contar con un organismo nacional dedicado exclusivamente a la promoción de los derechos de las mujeres por primera vez en 37 años, según registros de organizaciones civiles.
Diversos colectivos y organismos internacionales han expresado preocupación por los efectos de estos cambios. La organización Amnistía Internacional reportó que el presupuesto destinado a programas clave para prevenir y atender la violencia de género se redujo en aproximadamente 89% desde 2023.
Además, se cancelaron 13 programas gubernamentales enfocados en la atención y protección de personas afectadas por violencia de género. Entre ellos se encontraba el Programa Acercar Derechos (PAD), una iniciativa creada para facilitar el acceso a la justicia y brindar acompañamiento legal y psicológico. De acuerdo con registros oficiales citados por organizaciones civiles, entre julio de 2023 y febrero de 2024 este programa ofreció apoyo a 59.032 mujeres y personas de la diversidad.
Otro punto señalado por organizaciones sociales es el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). Amnistía Internacional indicó que durante 2025 recibió tres veces más denuncias por obstáculos en el acceso al aborto legal que en todo 2024, lo que, según el organismo, refleja mayores dificultades para acceder a este servicio de salud.
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