El uso de bicicletas eléctricas, scooters y otros vehículos de micromovilidad ha crecido de forma acelerada en la Ciudad de México en los últimos años, pero ese aumento también ha traído consigo una discusión sobre seguridad vial, regulación y la falta de reglas claras para su circulación. En ese contexto, el gobierno capitalino presentó una nueva serie de ajustes al reglamento de tránsito y a la Ley de Movilidad para ordenar su uso.
Las modificaciones están enfocadas en dos tipos de unidades: los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) y los Vehículos Eléctricos Personales (VEP). La diferencia principal entre ambos está en la potencia del motor, el peso y la velocidad máxima, lo que determinará también sus obligaciones legales.
De acuerdo con la nueva clasificación, los Vemepe son aquellos que pueden superar los 25 kilómetros por hora y cuentan con motores de entre 250 watts y hasta un kilowatt. A su vez, se dividen en dos categorías: tipo A, con peso menor a 35 kilogramos, y tipo B, que abarca unidades de hasta 350 kilogramos. Por otro lado, los VEP son los de menor potencia, con velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y motores inferiores a 250 watts, y deberán contar con un Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).
Uno de los cambios más relevantes es que los Vemepe, por su similitud con motocicletas, tendrán que contar con placa obligatoria, cuyo costo será de 709 pesos, además de licencia de conducir. Para este tipo de vehículos se contemplan dos modalidades: la licencia tipo A1, con un costo de 572 pesos, y la tipo A2, de 1,142 pesos.
Las autoridades también establecieron un esquema de sanciones para quienes incumplan la normativa. Las multas irán desde aproximadamente 1,175 pesos (10 UMAS) hasta 2,350 pesos (20 UMAS), dependiendo de la gravedad o reincidencia de la infracción.
El calendario de implementación ya está definido. A partir del 1 de julio de 2026, todos los vehículos nuevos deberán salir de los puntos de venta con placa incluida. En el caso de las unidades que ya circulan actualmente, tendrán un periodo de regularización que irá del 1 de julio al 20 de noviembre de 2026 para cumplir con el emplacamiento.
Las sanciones comenzarán a aplicarse en dos etapas. La primera arrancará el 1 de septiembre de 2026 para los vehículos nuevos que no cumplan con la obligación de portar placa desde su venta. La segunda fase será a partir del 20 de noviembre, cuando las multas se aplicarán de forma generalizada a todas las unidades, incluidas las que ya estaban en circulación antes de la entrada en vigor del reglamento.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que este esquema busca dar orden a la implementación y permitir un periodo de adaptación para usuarios y distribuidores, antes de aplicar sanciones de manera total.
Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, reconoció que actualmente no existe un padrón oficial que permita saber con precisión cuántos de estos vehículos circulan en la capital. Las estimaciones hablan de más de 200 mil unidades, mientras que en contraste, las motocicletas registradas superan las 800 mil.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que la medida no tiene un objetivo recaudatorio, sino de ordenamiento y seguridad vial, en un contexto donde el uso de estos vehículos ha crecido de forma importante en poco tiempo.
Datos presentados por autoridades capitalinas señalan que entre 2020 y 2024 el número de establecimientos dedicados a la venta de este tipo de vehículos creció alrededor de 2,000% en la ciudad, lo que refleja la expansión acelerada del mercado y la falta de regulación específica durante varios años.
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