A partir de mediados de 2026, retirar o depositar grandes sumas de efectivo en México ya no será tan simple como mostrar una credencial. Las instituciones bancarias deberán verificar la identidad de sus clientes mediante datos biométricos, como huellas dactilares o reconocimiento facial, en operaciones de 140 mil pesos o más.
La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que la medida entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y forma parte de un plan nacional para reforzar la seguridad financiera y evitar el uso del sistema bancario con fines ilícitos. Además, busca reducir el uso de efectivo y promover los pagos electrónicos, considerados más seguros y fáciles de rastrear.
Identidad verificada y operaciones rastreables
A partir de la fecha establecida, las personas que realicen depósitos o retiros iguales o superiores a 140 mil pesos deberán presentar una identificación oficial vigente, como INE o pasaporte, y permitir la captura de un dato biométrico. Este procedimiento aplicará de forma obligatoria en todas las instituciones bancarias del país.
De acuerdo con la ABM, la implementación de la biometría permitirá verificar la identidad de los usuarios en tiempo real y disminuir los riesgos de suplantación o manipulación de cuentas. Los datos serán resguardados bajo estándares de protección y confidencialidad establecidos por las leyes mexicanas de privacidad.
El presidente de la asociación, Emilio Romano, señaló que el objetivo no es complicar los trámites, sino fortalecer la confianza entre bancos y clientes. “Queremos operaciones más seguras y un sistema que reduzca la exposición al fraude y al lavado de dinero”, destacó.
Menos efectivo, más pagos digitales
Para las operaciones menores a 140 mil pesos no habrá cambios. Sin embargo, la ABM anticipa que la medida podría incentivar una mayor adopción de transferencias electrónicas y pagos digitales, herramientas que ya se han popularizado entre usuarios y comercios por su rapidez y seguridad.
La disposición se alinea con las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, y obliga a los bancos a modernizar sus plataformas tecnológicas antes de la fecha de inicio.
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