Mientras en Washington se habla de oportunidades millonarias, el sector petrolero mantiene el freno puesto cuando se trata de Venezuela. La propuesta impulsada por Donald Trump para reactivar la industria energética del país sudamericano con capital privado por hasta 100 mil millones de dólares se topó rápidamente con la cautela —y en algunos casos el rechazo— de empresarios que no ven condiciones claras para apostar su dinero en un entorno marcado por la inestabilidad legal y política.
La iniciativa fue presentada en una reunión en la Casa Blanca con directivos de 17 empresas petroleras, incluidas Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips. Trump afirmó que su administración brindaría “protección total” a las compañías interesadas y que el gobierno de Estados Unidos intervendrá directamente para gestionar la venta, refinación y exportación del crudo venezolano, incluso sin negociar con las autoridades venezolanas.
Sin embargo, varios líderes de la industria expresaron cautela. El director general de ExxonMobil, Darren Woods, calificó a Venezuela como “inviable para invertir” en las condiciones actuales, citando la falta de seguridad jurídica y la historia de expropiaciones de activos en el país sudamericano. Exxon y ConocoPhillips han enfrentado confiscaciones de propiedades en el pasado y han dejado claro que regresar requeriría reformas profundas en el marco legal venezolano.
Por su parte, ejecutivos de otras compañías optaron por emitir respuestas más mesuradas o evitar comprometerse con cifras concretas. El intercambio destacó una división entre las expectativas planteadas por la Casa Blanca y las preocupaciones reales de los potenciales inversionistas sobre riesgos políticos y regulatorios.
Trump ha vinculado esta estrategia con un objetivo más amplio de fortalecer el rol de Estados Unidos en los mercados energéticos globales, señalando que controlar parte de la producción venezolana podría contribuir a estabilizar o incluso reducir los precios al consumidor en su país. La administración también ha tomado medidas para asegurar ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas dentro del sistema financiero estadounidense, con la finalidad de proteger esos fondos de embargos judiciales o reclamaciones.
Los planes de control energético se sitúan en un contexto geopolítico complejo. Recientes operativos estadounidenses han implicado la incautación de buques petroleros vinculados a Venezuela, así como declaraciones de autoridades sobre la intención de manejar ventas de crudo venezolano “de manera indefinida” bajo supervisión estadounidense.
Mientras tanto, la producción petrolera de Venezuela —una de las más altas del mundo históricamente— sigue por debajo de los niveles previos debido a años de desinversión y deterioro de su infraestructura. Esto refuerza el argumento de varios analistas y ejecutivos de que, sin garantías claras y un entorno legal estable, la inyección de capitales podría tardar años en materializarse o incluso no llegar a concretarse.
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