Chilpancingo, Gro.– Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa llevaron a cabo una jornada de protesta este miércoles que incluyó la retención de al menos siete autobuses de pasajeros y un tráiler cargado con refrescos, como parte de su rechazo a la reciente decisión judicial que exoneró al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, de cargos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.
El operativo comenzó hacia el mediodía en la caseta de cobro de Palo Blanco, ubicada sobre la Autopista del Sol, donde los normalistas interceptaron los primeros vehículos. Simultáneamente, otro grupo se movilizó hacia el bulevar Vicente Guerrero, en las inmediaciones de la central de autobuses de Chilpancingo, bloqueando el paso y tomando control de más unidades.
Los vehículos, incluidos los autobuses y el tráiler que transportaba productos de una conocida marca de refrescos, fueron llevados por los estudiantes hacia las instalaciones de la escuela normal en el municipio de Tixtla.
Durante la protesta, los normalistas emitieron un comunicado en el que expresaron su inconformidad por la reciente resolución de un tribunal federal, el cual desestimó las pruebas que ligaban a José Luis Abarca con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014. El fallo se sustentó en que las evidencias provenían de testimonios vinculados a la controvertida “verdad histórica”, versión oficial que desde hace años ha sido ampliamente cuestionada por familiares, defensores de derechos humanos y expertos internacionales.
A casi 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes, el caso Ayotzinapa continúa sin resolverse completamente. Las familias de los jóvenes, así como sus compañeros de escuela, mantienen viva la exigencia de justicia, reclamando avances reales en las investigaciones y sanciones a todos los involucrados, incluyendo autoridades de distintos niveles.
La movilización de este miércoles se suma a una larga lista de acciones emprendidas por los estudiantes normalistas en los últimos años, en un contexto donde el caso sigue siendo un tema pendiente para el Estado mexicano, tanto a nivel judicial como en términos de memoria y reparación.
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