La discusión sobre trabajar menos horas a la semana en México dejó de ser solo una promesa recurrente y empezó a tomar un rumbo más concreto. En los próximos días, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado analizarán la ruta que seguirá la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, un cambio que, de avanzar, modificaría de fondo la organización del trabajo en el país.
El proyecto que sirve de base para esta reforma laboral ya se encuentra prácticamente terminado. La propuesta no plantea recortes salariales ni ajustes a las prestaciones actuales; el eje central es reorganizar el tiempo de trabajo. Para lograrlo, se busca modificar la Constitución, lo que permitiría establecer nuevas reglas generales sobre la duración de las jornadas laborales y obligaría, más adelante, a armonizar las leyes secundarias.
Aunque el tema ha generado expectativa entre trabajadores y empleadores, el planteamiento no contempla una aplicación inmediata. El esquema propuesto es gradual y se extendería a lo largo de varios años. De acuerdo con lo que se ha discutido, durante 2026 se mantendrían las condiciones actuales, con un máximo de 48 horas semanales. A partir de 2027 comenzaría una reducción progresiva: primero a 46 horas, y año con año se irían recortando más hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030.
Este calendario escalonado busca evitar cambios abruptos que puedan afectar la operación de las empresas o la estabilidad del empleo. La intención es dar tiempo para que los centros de trabajo ajusten turnos, procesos y cargas laborales, mientras que los trabajadores se adaptan a una nueva dinámica de horarios.
En cuanto a los derechos laborales ya existentes, la reforma no plantea eliminarlos. Se mantendría, por ejemplo, el derecho a un día de descanso pagado después de cumplir con la jornada semanal correspondiente. El enfoque no es reducir beneficios, sino distribuir de manera distinta el tiempo dedicado al trabajo.
Uno de los puntos que más atención ha generado es el relacionado con las horas extra. La iniciativa propone establecer límites más claros para evitar que el tiempo adicional se vuelva una práctica habitual. Además, se contemplan sanciones económicas más severas para los empleadores que rebasen esos topes, con el objetivo de desincentivar jornadas excesivas que, en la práctica, alargan la semana laboral más allá de lo permitido.
También se refuerzan las disposiciones relacionadas con el trabajo de menores de edad. La propuesta mantiene la prohibición de horas extra para jóvenes trabajadores, buscando evitar abusos y proteger su desarrollo físico y educativo.
Una vez que el cambio constitucional sea aprobado —en caso de que logre los consensos necesarios—, el Congreso tendrá un plazo definido para realizar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a otros ordenamientos, con el fin de que el nuevo modelo de jornada laboral quede claramente establecido y sea aplicable en todo el país.
La reducción de la jornada laboral no es un debate nuevo en México. Desde hace años, distintos sectores han señalado que el país se encuentra entre los que más horas trabajan, sin que eso se traduzca necesariamente en mayor productividad. La discusión actual pone sobre la mesa la necesidad de equilibrar el tiempo de trabajo con la vida personal, la salud y el descanso, aunque todavía queda un largo camino legislativo por recorrer.
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