El Senado de la República aprobó de manera unánime una reforma que busca combatir la extorsión en todo México mediante la homologación de tipos penales y el endurecimiento de penas. La medida, impulsada por Claudia Sheinbaum, establece sanciones de hasta 42 años de prisión para los casos más graves, incluyendo extorsiones desde prisión y delitos conocidos como “monta-choques”.
La iniciativa modifica 15 artículos de leyes existentes y agrega un artículo transitorio sobre telecomunicaciones, con el objetivo de sancionar a quienes utilicen dispositivos electrónicos o plataformas digitales en penales para extorsionar. Además, la reforma ajusta las penas mínimas y máximas del tipo básico de extorsión, que pasaron de 6-15 años a 15-25 años, con el fin de evitar liberaciones anticipadas en estados como Chihuahua, Michoacán, Quintana Roo y Morelos.
Con la promulgación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, México establece por primera vez un marco penal uniforme para todo el país, definiendo la extorsión como la acción de obligar a otra persona a dar, hacer o dejar de hacer algo, generando beneficio propio o provocando daño patrimonial, moral, físico o psicológico.
Niveles de penalidad
La reforma clasifica las conductas de extorsión en tres niveles de agravantes:
19 a 33 años: extorsión a comerciantes, imposición de precios, uso de terceros, aprovechamiento de dependencias públicas o afectación a autoridades y candidatos.
20 a 37 años: víctimas vulnerables como migrantes, menores o adultos mayores; uso de datos privados o medios electrónicos; simulación de secuestro.
31 a 42 años: violencia física o moral, participación de funcionarios, uso de armas, extorsión desde prisión, “monta-choques” o afectación a la economía comunitaria.
Otras sanciones incluyen:
4 a 12 años para cómplices,
4 a 16 años a servidores públicos que filtren información,
6 a 12 años para quien introduzca dispositivos electrónicos a penales, con incrementos hasta la mitad si participan funcionarios o internos,
Hasta 20 años y 400 UMA para quienes omitan denunciar.
Investigación especializada y medidas en penales
La ley obliga a las fiscalías a crear unidades especializadas en extorsión, integradas por personal certificado bajo estándares del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras estas unidades se establecen, podrán apoyarse en las Unidades Antisecuestro. También se ordena bloquear comunicaciones desde los centros penitenciarios, considerados focos principales de extorsión telefónica.
Ajustes aprobados por el Senado
Entre los 15 cambios destacan:
Incremento de penas mínimas y máximas para evitar liberaciones anticipadas.
Ajuste de agravantes, como pasar de “afectar la economía de la entidad” a “afectar la economía de una comunidad”.
Modificación de reglas de reparación del daño y destino de recursos de extinción de dominio.
Reincorporación de sanciones para servidores públicos omisos.
Eliminación de beneficios preliberatorios según la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, afirmó que la reforma cierra las lagunas legales y uniforma protocolos para reducir la impunidad.
Opiniones de los legisladores
El senador Enrique Inzunza destacó que la ley establece un catálogo amplio de agravantes y medidas especiales, mientras que la senadora Carolina Viggiano pidió considerar la falta de recursos y los riesgos de aplicar penas uniformes a casos menores.
Para la senadora Guadalupe Murguía, sin financiamiento adecuado la ley podría quedar como “un catálogo de buenas intenciones”. Señaló recortes al presupuesto de la Fiscalía y al FASP, lo que limita la creación de unidades especializadas y la protección a víctimas y testigos.
La reforma fue aprobada con 110 votos a favor y se turnó a la Cámara de Diputados para su ratificación.
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