Un nuevo hecho de inseguridad se registró sobre la carretera federal 57, una de las vías más importantes del centro-norte del país. Autoridades de San Luis Potosí confirmaron el asalto a personas que prestan servicios al Gobierno federal, ocurrido a la altura del kilómetro 67, en el tramo que conecta a la capital potosina con Matehuala.
El caso llamó la atención pública luego de que, en redes sociales y algunos espacios informativos, se difundiera la versión de que las víctimas formaban parte del equipo cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, el gobierno estatal salió a aclarar que dicha información no es correcta.
De acuerdo con lo informado, las personas afectadas se desplazaban en una camioneta cuando fueron interceptadas por sujetos armados, quienes las obligaron a descender del vehículo. Durante el asalto, los agresores se llevaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y equipo de trabajo, principalmente cámaras utilizadas para la producción de material audiovisual.
El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, negó que se tratara de personal de seguridad o logística presidencial. En sus declaraciones, sostuvo que el incidente correspondió a un robo en carretera, sin relación con alguna gira o actividad directa de la titular del Ejecutivo federal.
Posteriormente, el funcionario precisó que las víctimas sí colaboran con dependencias federales, aunque aclaró que no pertenecen a ninguna avanzada presidencial. Se trataría de personal técnico dedicado a tareas de producción, lo que explicaría el tipo de equipo que les fue robado.
El asalto ocurrió en un punto de la carretera 57 que ha sido señalado en diversas ocasiones por automovilistas como una zona de riesgo, especialmente para quienes transitan de noche o en vehículos particulares. Esta vía es utilizada diariamente por transportistas, viajeros y trabajadores que se mueven entre estados del Bajío y el norte del país.
Al tratarse de una vía federal, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la Guardia Nacional fungió como primera autoridad respondiente. Tras el reporte, se implementó un operativo de vigilancia con mayor presencia policial en la zona, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.
Ni la Guardia Nacional ni la Fiscalía han dado a conocer avances en la indagatoria, y la Presidencia de la República no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.
Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la problemática de inseguridad en carreteras federales, donde los asaltos continúan siendo un problema recurrente. A pesar de los operativos temporales, usuarios de estas vías siguen reportando robos y situaciones de riesgo, especialmente en tramos largos y con poca vigilancia.
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