Con el argumento de fortalecer la soberanía nacional y la seguridad en puertos y costas, el Senado de la República aprobó una nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que otorga mayores atribuciones a la Marina. Aunque el dictamen fue respaldado por Morena y sus aliados, la oposición denunció retrocesos en materia de derechos humanos y control civil.
La iniciativa, que recibió 68 votos a favor y 32 en contra, será turnada al Ejecutivo para su publicación. Entre las nuevas disposiciones se encuentra el control operativo y estratégico de puertos, recintos marítimos, aduanas y zonas estratégicas, así como el impulso a tareas de ciberdefensa e innovación tecnológica.
“Se borra la protección a los derechos humanos”: PRI
Senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se manifestaron en contra. El priista Manuel Añorve señaló que la reforma ignora temas como el huachicol fiscal y elimina sin justificación las cláusulas relacionadas con los derechos humanos. “Esta es una ley hecha a la medida del Ejecutivo, sin rendición de cuentas ni contrapesos”, reclamó.
La senadora Carolina Viggiano (PRI) advirtió que el nuevo marco legal subordina a la Armada a decisiones políticas y borra los mecanismos civiles de control, lo que podría abonar a un modelo de militarización institucional.
Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales acusó que se está confundiendo el respaldo a las Fuerzas Armadas con darles más poder sin límites legales: “No es proteger a la Marina, es encerrarla en un marco legal que la guíe”, dijo.
Uno de los puntos más criticados por la oposición fue la omisión total del tema del huachicol fiscal, presunta red de corrupción que involucra factureras y evasión dentro del comercio marítimo. Viggiano lo calificó como un “elefante en la habitación” que Morena optó por ignorar deliberadamente.
Lo que sí contempla la nueva ley
Entre los puntos que sí contiene la ley destacan:
Consolidación de la Armada como Autoridad Marítima Nacional.
Mayor capacidad para tareas de ciberdefensa y seguridad estratégica.
Impulso a la investigación científica y desarrollo tecnológico.
Operaciones navales con control directo del Ejecutivo.
Aunque se argumenta que se busca reforzar la seguridad nacional, el debate en el Congreso deja claro que esta legislación plantea dilemas sobre el balance entre poder civil y militar.
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