La transparencia en el manejo de los recursos destinados a salud pública sigue siendo una de las principales deudas de los gobiernos estatales en México. De acuerdo con el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF) 2026, elaborado por la consultora aregional, únicamente Jalisco, Querétaro, Sinaloa y Guanajuato alcanzaron una calificación aprobatoria en la evaluación nacional.
El estudio revisó el nivel de acceso y calidad de la información que las entidades publican sobre el uso del presupuesto en materia de salud. Los resultados reflejan un escenario complicado: 28 de los 32 estados fueron catalogados con niveles de “Transparencia Deficiente”.
Jalisco y Querétaro encabezaron la lista con 95.16 puntos de un máximo de 100, seguidos de Sinaloa con 93.35 y Guanajuato con 89.17. En contraste, el promedio nacional fue de apenas 37.86 puntos, la cifra más baja desde que comenzó a realizarse esta medición hace nueve años.
La evaluación toma en cuenta distintos apartados relacionados con la rendición de cuentas, entre ellos el marco regulatorio, la publicación de presupuestos, costos operativos, evaluación de resultados y estadísticas sobre servicios de salud. Según el informe, todos los rubros registraron retrocesos durante este año.
Elisa Flores, directora del proyecto de transparencia de aregional, señaló que gran parte de los gobiernos estatales están entregando información incompleta o difícil de consultar para la ciudadanía. Explicó que en muchos casos los portales oficiales contienen archivos desordenados, datos desactualizados y documentos en formatos poco accesibles.
Además, indicó que la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, implementada en marzo de 2025, provocó diferencias importantes entre estados debido a que cada entidad interpretó y aplicó la norma de manera distinta al crear sus propios organismos locales de transparencia.
Otro de los factores que complicó el seguimiento del gasto en salud fue la centralización de recursos mediante el modelo IMSS-Bienestar. Actualmente, 24 entidades firmaron convenios para que la Federación administre parte de los recursos que antes manejaban directamente los gobiernos estatales a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
De acuerdo con la investigación, este cambio generó vacíos en la información pública sobre el destino del dinero. Mientras algunos gobiernos estatales argumentan que ya no son responsables de transparentar ciertos gastos, también existe incertidumbre sobre qué nivel de gobierno debe publicar los datos completos.
Entre las principales fallas detectadas destacan la ausencia de reportes sobre compra y control de medicamentos, gastos operativos, salarios de funcionarios y contratos relacionados con el sistema de salud. Incluso entidades que anteriormente mantenían posiciones medias en el índice, como Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Zacatecas y Nayarit, registraron una caída considerable en sus evaluaciones.
A pesar del panorama general, algunos estados mostraron avances parciales. San Luis Potosí, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Veracruz mejoraron sus calificaciones respecto al año anterior, aunque todavía no alcanzan niveles aprobatorios.
El informe destaca que las entidades mejor evaluadas comenzaron a publicar información en formatos abiertos como Excel y PDF, además de mantener archivos históricos y herramientas de consulta para facilitar el acceso ciudadano.
Especialistas consideran que la transparencia en el gasto sanitario resulta clave para evaluar temas sensibles como el abasto de medicamentos, contratación de personal médico y calidad de atención en hospitales públicos. Sin información clara y actualizada, advierten, se vuelve más difícil supervisar el uso de recursos públicos y detectar posibles irregularidades.
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