Una jueza federal de Boston, Allison Burroughs, ordenó este miércoles revertir los recortes de fondos federales que la administración Trump intentó imponer sobre la Universidad de Harvard, por considerar que eran una represalia ideológica y violaban derechos protegidos por la Constitución.
Burroughs determinó que el congelamiento y cancelación de más de 2 600 millones de dólares en subsidios a la investigación representa un castigo selectivo contra una institución académica que se negó a someterse a exigencias del gobierno. Esas demandas buscaban cambios en la gobernanza, admisión y planes de trabajo de la universidad, algo que el tribunal consideró como una clara injerencia fuera de lugar.
Si bien la jueza reconoció que Harvard enfrenta problemas de antisemitismo —“podría y debería haber hecho más para atacarlo”, mencionó—, concluyó que ese argumento fue usado como un pretexto para ejercer presión política sobre la institución.
Estos recortes fueron resultado del enfrentamiento entre Harvard y el gobierno por acusaciones de que la universidad no hacía lo suficiente contra el antisemitismo durante las protestas en su campus. Trump calificó a Harvard de "woke" y sugirió medidas drásticas ante lo que consideraba tolerancia hacia la hostilidad contra estudiantes judíos.
La universidad respondió con una demanda: en abril rechazó las imposiciones presidenciales y en los días siguientes, el gobierno congeló fondos, revocó su capacidad para admitir estudiantes internacionales y amenazó con retirar su estatus de organización sin fines de lucro.
Burroughs calificó el uso de alegatos de antisemitismo como un "escudo" para un ataque ideológico. Insistió en que, aunque Harvard tendría que mejorar su respuesta frente a ese problema, lo ocurrido no justificaba la suspensión de tantos recursos.
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