Un juez federal ordenó la suspensión provisional de las obras de excavación del Pozo del Bienestar en San Miguel Xoxtla, al determinar que las autoridades no realizaron la consulta pública obligatoria a la comunidad, la cual es reconocida como indígena.
El amparo, concedido el pasado 4 de noviembre por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, instruye directamente a las autoridades a cesar de inmediato los trabajos de excavación del pozo profundo y la instalación de tubería.
Aunado a ello, también se les prohíbe emitir prórrogas a la concesión o autorizar una nueva, según informó el abogado del Comité en Defensa del Agua de Xoxtla, Juan Carlos Flores Solís.
El gobierno municipal de Xoxtla había justificado la obra argumentando que su objetivo era mejorar el abasto de agua dentro del municipio y no desviar el recurso a la capital poblana, como temían los habitantes.
No obstante, el resolutivo judicial contradice esta versión al señalar que el análisis del tribunal indica que los tres pozos existentes son suficientes para el suministro de la comunidad, haciendo innecesaria una nueva excavación.
Flores Solís señaló que, a pesar de la suspensión federal, los habitantes han mantenido guardias en la Unidad Deportiva Pavigi para evitar que la maquinaria ingresada el pasado 25 de octubre sea utilizada. Ahora, el Comité exigirá el retiro inmediato de la maquinaria y los materiales de la unidad deportiva.
"Si ya hay una suspensión federal, no tiene caso que la maquinaria siga ahí, generando zozobra en la comunidad y alterando la paz social, ya que la semana pasada hubo un atentado contra los manifestantes, entonces es una situación que está muy tensa", declaró.
A pesar del freno judicial, el secretario de Gobernación del Estado (Segob), Samuel Aguilar Pala, afirmó que las mesas de trabajo con instituciones y autoridades se mantienen con la intención de destrabar el conflicto y reanudar las obras.
Aguilar Pala detalló que este miércoles se llevó a cabo una reunión donde participaron la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema Operador de Agua Potable (Soapap) y la alcaldesa de Xoxtla, Guadalupe Ortíz Pérez.
En contraste, el abogado Juan Carlos Flores Solís puntualizó que el colectivo que representa no ha sido convocado ni ha participado en ninguna mesa de trabajo con autoridades municipales o estatales, a pesar de que hay varios grupos sociales oponiéndose al proyecto.
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Foto: Especial
AV
