Con el reclamo de que “la justicia también debe aplicarse dentro del Poder Judicial”, alrededor de 200 exjuzgadores federales salieron este martes a las calles de la Ciudad de México para exigir el pago de sus indemnizaciones, pensiones complementarias y derechos laborales que —afirman— siguen pendientes desde su separación del cargo tras la reciente reforma judicial.
La movilización, conocida como “Magna Marcha”, partió del Órgano de Administración Judicial, ubicado en avenida Revolución, y avanzó hacia las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en avenida Insurgentes. Con pancartas y consignas, los manifestantes exigieron el cumplimiento de los compromisos legales derivados de su destitución.
El exmagistrado Froylán Muñoz informó que el Órgano de Administración Judicial lleva más de 73 días sin cumplir con los pagos compensatorios que corresponden a los exjueces y exmagistrados cesados.
Explicó que, conforme al decreto de reforma, las personas afectadas tienen derecho a una indemnización equivalente a tres meses de salario y 20 días por cada año de servicio, además de la conservación de sus derechos de pensión complementaria.
“Más de 800 familias están en incertidumbre por la falta de pago. Pedimos que se cumpla la ley y se respete la trayectoria de quienes servimos al país durante décadas”, señaló el exmagistrado.
Los manifestantes enfatizaron que su protesta no tiene tintes políticos, sino que busca certeza económica y el respeto a los derechos adquiridos. “Nuestra exigencia es laboral, no partidista. Lo único que pedimos es justicia para quienes hemos sido desplazados”, expresaron durante la caminata.
La marcha transcurrió de forma pacífica, con acompañamiento de personal de tránsito. Al llegar a la sede del CJF, los exjuzgadores entregaron un pliego petitorio para exigir la liberación de los recursos y el cumplimiento de lo establecido en la reforma.
El conflicto laboral surge tras la implementación de la reforma al Poder Judicial, que modificó los procesos de designación de jueces y magistrados. Aunque el decreto incluye mecanismos de compensación, los cesados denuncian que los pagos no han sido calendarizados ni existe información clara sobre su entrega.
Los inconformes aseguraron que continuarán sus acciones legales y de protesta hasta recibir respuesta. “Queremos que se respete lo que la Constitución ordena y que el Poder Judicial también garantice justicia hacia adentro”, señalaron.
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