Puebla, Pue. – El juez Sexto de Distrito en materia civil , Francisco René Olivo Loyo , admitió dos juicios de amparo indirecto promovidos por funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en contra de cuatro medios de comunicación poblanos , a raíz de publicaciones sobre presuntos actos de corrupción dentro de esa institución educativa.
Como parte de las demandas, el juez otorgó una suspensión provisional que ordena a los medios ya cuatro periodistas abstenerse de emitir declaraciones o publicaciones que pudieran afectar la “ honorabilidad, dignidad y privacidad ” de los quejosos. En su resolución, Olivo Loyo argumentó que existen “ restricciones legítimas al derecho a la información ” y sostuvo que el interés público no puede justificarse únicamente por el hecho de que los implicados sean funcionarios de una universidad pública, ya que su derecho al honor debe prevalecer.
Entre los promotores del amparo figuran Eloína N. , representante de la delegación sindical D-III-3 del SNTE, Sección 23 , y Marco Antonio N. , jefe administrativo de la Unidad 211 de la UPN .
La decisión judicial fue calificada como un “intento de censura” por el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en Lucha y el Consejo Democrático Magisterial Poblano , los cuales advirtieron que la suspensión “ constituye un grave precedente contra la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado ”. Ambas organizaciones consideran que el fallo vulnera el principio de rendición de cuentas en el ámbito educativo y representa una forma de intimidación institucional .
El abogado Arturo Mendoza , asesor de uno de los medios señalados, coincidió en que la medida equivale a una censura previa , prohibida expresamente en el artículo 7° constitucional , el cual establece que ninguna autoridad puede restringir la libertad de impresión ni condicionar la publicación de información.
Los medios señalados en los juicios de amparo son e-Consulta , La Jornada de Oriente , Ángulo 7 y Mundo Nuestro , además de los periodistas Kara Castillo , Martín Hernández , Natalia Romero y el columnista Gerardo Pérez Muñoz , quienes fueron notificados como “ autoridades responsables ” junto con el director de Formación Docente de la Secretaría de Educación Pública de Puebla . Los representantes legales de estos medios y comunicadores deberán comparar el 24 de noviembre en la audiencia constitucional correspondiente.
Las notas que originaron las demandas fueron difundidas a principios de septiembre , tras una conferencia de prensa ofrecida por la maestra Gabriela Molina , quien denunció hostigamiento y represión por parte de directivos de la UPN . Según se expuso, los conflictos comenzaron luego de que ella y otros docentes documentaran la asignación de plazas sin concurso de oposición a funcionarios y allegados, en contravención del decreto fundacional de la universidad.
Aunque la primera demanda de amparo fue promovida por el director de la Unidad 211, Javier Mauleón Montero , esta no prosperó. No obstante, otros dos funcionarios replicaron el formato legal alegando ser víctimas de “lawfare” o persecución judicial por parte de la dirección de Formación Docente de la SEP y de los medios señalados.
De acuerdo con diversas versiones, podrían existir entre cuatro y seis demandas adicionales interpuestas por otros directivos de la UPN bajo los mismos argumentos, quienes aseguran haber sido “ sometidas al escarnio público ” por las publicaciones.
En el juicio de amparo 1726/2025-IX-C , Ángulo 7 informó que el juez demostró que el demandante no es una figura pública ni ejerce el periodismo , por lo que no puede ser objeto de crítica o escrutinio, al tratarse de una intromisión a su vida privada .
El Comité Democrático Magisterial y el CEND-SNTE señalan que esta resolución contraviene la Constitución mexicana , la Ley General de Transparencia y diversos tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos . Por ello, exigieron el retiro de las demandas y llamaron a organismos de derechos humanos , asociaciones periodísticas y comunidades académicas a pronunciarse en defensa de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico frente a lo que calificaron como un acto de censura judicial .
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Foto: Redes sociales
Djs
