Proponen cárcel a funcionarios que frenen denuncias por acoso sexual en Puebla

Por diegoantonio , 23 Noviembre 2025
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La iniciativa de la diputada morenista Graciela Palomares busca imponer penas de uno a tres años de prisión y multas a funcionarios que se nieguen a recibir denuncias por delitos sexuales.
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Puebla, Pue. – Los funcionarios públicos que obstaculicen o intenten frenar denuncias por acoso sexual podrían ser sancionados con penas de cárcel e inhabilitación , de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada local de Morena, Graciela “Grace” Palomares Ramírez , ante el Congreso del Estado de Puebla .

La propuesta plantea reformar el Código Penal del Estado para establecer penas de uno a tres años de prisión y multas de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a entre 11 mil y 33 mil pesos— contra servidores públicos que se nieguen injustificadamente a recibir una denuncia por delitos sexuales o que intenten disuadir o intimidar a la víctima para que no la presente.

Además, la iniciativa prevé que los funcionarios responsables sean destituidos e inhabilitados de ocupar cargos públicos por un período de uno a tres años . Con ello, busca cerrar el paso a prácticas institucionales que obstaculicen el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual.

Palomares Ramírez subrayó que esta medida pretende reforzar la protección de las víctimas y garantizar que sus denuncias sean tratadas con respeto y diligencia. "Ninguna persona debe ser persuadida o intimidada para llamar. La omisión o la indiferencia institucional también son formas de violencia", declaró la legisladora.

La propuesta también soporta las penas por acoso sexual , ampliando su definición para incluir conductas verbales, físicas o digitales de connotación lasciva que resultan “indeseables” o que lesionan la dignidad de la persona afectada.

De aprobarse, la pena actual —de un mes a tres años de prisión— podría aumentarse hasta en una mitad cuando las conductas sean reiteradas o cuando el agresor se aproveche de una situación de vulnerabilidad o desventaja de la víctima.

Con esta iniciativa, el Congreso poblano busca cerrar brechas legales y promover la responsabilidad de los servidores públicos frente a los casos de acoso y hostigamiento, reforzando el mensaje de que la impunidad y el encubrimiento no serán tolerados en instituciones públicas.

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Foto: Especial 

Djs


 

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