La producción de gas licuado de petróleo (gas LP) por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) tocó uno de sus niveles más bajos en más de una década. Entre enero y septiembre de este año, la empresa estatal apenas promedió 81.5 mil barriles diarios, cifra que representa su punto más débil para un periodo similar en 15 años, de acuerdo con datos operativos de la compañía.
El descenso ha ampliado la dependencia del país hacia el suministro extranjero. Tan solo en los primeros nueve meses del año, México importó 84.6 mil barriles diarios, un incremento cercano al 10% anual, equivalente a alrededor del 60% de las ventas internas de Pemex en ese lapso. En otras palabras, el mercado nacional —que abastece a casi 40 millones de hogares— necesita más gas del exterior para cubrir su consumo cotidiano.
Para especialistas del sector energético, el panorama no es nuevo, pero sí más evidente. Ramsés Pech, analista de Caraiva y Asociados–León & Pech Architects, advierte que la infraestructura del país quedó corta frente a la demanda. Según explica, la industria requiere inversión en ductos, terminales de almacenamiento y transporte, así como reglas más claras y estrictas para garantizar operaciones seguras. “Contar con un abasto confiable es indispensable para millones de familias”, señaló.
El sector enfrenta además otros focos rojos: equipos antiguos, falta de competencia real y un mercado altamente concentrado donde unas cuantas empresas dominan la distribución. Esto, de acuerdo con expertos, abre la puerta a prácticas anticompetitivas, como manipulación de precios o barreras a nuevos participantes.
A ello se suma un problema que ha crecido en distintas regiones del país: el robo de gas LP, conocido popularmente como huachigas. Las tomas clandestinas y el traslado ilegal no solo generan pérdidas económicas para las empresas, sino que también ponen en riesgo a comunidades enteras por la posibilidad de fugas o explosiones.
Otro ángulo de preocupación proviene del propio gremio. Enrique Medrano, representante del Gremio Gasero Nacional, afirma que el sector está sobrerregulado. Señala que las autoridades exigen numerosos trámites y certificaciones para operar, mientras que los comisionistas, quienes llevan el gas a los hogares, trabajan con márgenes mínimos, lo que desincentiva cualquier nueva inversión.
El consumo doméstico continúa siendo el principal destino del gas LP en México: ocho de cada diez litros se usan en viviendas, lo que vuelve especialmente costosa la logística de distribución. La entrega mediante camiones repartidores exige rutas largas, personal capacitado y medidas de seguridad constantes, elementos que elevan los costos para las empresas y complican que la oferta se mantenga estable.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que en el país existen 39 millones de hogares, de los cuales 33 millones emplean gas LP para cocinar, calentar agua u otras actividades diarias. Además, 35 millones cuentan con estufa, mientras que 4 millones carecen de este aparato, lo que evidencia desigualdades en el acceso a equipos básicos.
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