La falta de personal capacitado en lenguas indígenas volvió a evidenciarse este lunes 24 de noviembre de 2025, cuando una menor hablante de náhuatl intentó presentar una denuncia por violación en la Fiscalía Regional de Huauchinango y no fue atendida. La niña tuvo que viajar dos horas desde su comunidad para acudir a la dependencia, donde le negaron asistencia por no contar con un traductor certificado.
El caso fue difundido por las activistas Valeria Fuentes y Olimpia Coral, quienes señalaron que esta situación representa una barrera grave para el acceso a la justicia y evidencia la falta de protocolos para atender a personas indígenas víctimas de violencia.
“Hoy una familia indígena acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia, no pudo realizarse porque son hablantes de náhuatl y no había un traductor certificado que pudiera asistirlos”, señaló Valeria Fuentes.
Derecho a traductor para víctimas indígenas
Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), todas las personas indígenas tienen derecho a contar con intérpretes gratuitos al denunciar delitos. Este derecho también aplica a quienes no dominan el español o tienen alguna discapacidad.
A nivel internacional, se respalda en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que buscan garantizar la defensa legal con asistencia lingüística.
En México, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley Federal de la Defensoría Pública también reconocen este derecho, asegurando que las víctimas puedan ejercer plenamente su derecho a la justicia con traductores certificados.
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xmh