Ciudad de México, México. – Once relatores de Naciones Unidas (ONU) expresaron su profunda preocupación por los posibles impactos ambientales, sociales y en derechos humanos derivados de la construcción de una planta de amoníaco en Topolobampo , municipio de Ahome, Sinaloa , a cargo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) , filial del consorcio Proman , con financiamiento de capital suizo y alemán .
Diversos grupos indígenas mayo-yoreme , junto con pescadores, académicos, ambientalistas y prestadores turísticos , mantienen una férrea oposición al proyecto , que prevé producir 2 mil 200 toneladas de amoníaco por día . De acuerdo con los opositores, la planta requerirá succionar 2 mil metros cúbicos de agua marina por hora , lo que pondría en riesgo al menos 500 toneladas anuales de larvas de camarón , afectando directamente la pesca de subsistencia de unas 3 mil familias en las bahías de Ohuira y Topolobampo .
En comunicaciones enviadas a los gobiernos de México, Suiza y Alemania , así como a las empresas Proman , GPO y el banco alemán KFW IPEX Bank , los expertos señalaron la ausencia de un proceso de consulta adecuado conforme a los estándares internacionales. Advirtieron que no se ha garantizado el consentimiento previo, libre e informado del pueblo indígena yoreme , ni la participación de las comunidades afectadas en las decisiones que impactan su entorno, su cultura y sus medios de vida.
Los relatores también alertaron sobre la falta de medidas efectivas para prevenir violaciones a los derechos humanos y daños ambientales relacionados con las operaciones de la empresa constructora. Las comunicaciones fueron firmadas por los relatores especiales sobre pueblos indígenas, derechos culturales, medio ambiente sano, libertad de expresión, reunión pacífica, salud, defensores de derechos humanos, racismo y agua y saneamiento , además de los grupos de trabajo sobre campesinos y sobre empresas y derechos humanos .
En las misivas, enviadas el 19 de septiembre y divulgadas recientemente, los expertos destacaron que el sistema lagunar Santa María–Topolobampo–Ohuira fue reconocido en 2009 por el Convenio de Ramsar como humedal de importancia internacional , y que dentro de la zona se encuentran áreas protegidas por la UNESCO , como el Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California , Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera desde 2005. En esta región habitan manglares, tortugas, delfines, crustáceos, peces y aves migratorias , muchas de ellas en peligro de extinción, lo que la convierte en un ecosistema clave frente al cambio climático .
Los expertos citaron incluso un estudio de riesgo ambiental elaborado por la propia empresa, que advierte que una fuga de amoniaco de apenas cinco minutos podría generar una nube tóxica de 45 kilómetros , capaz de afectar a más de 400 mil personas y causar un “peligro inmediato para la salud o la vida” en toda la bahía.
El proyecto, iniciado en 2013 , fue inicialmente frenado por el movimiento ciudadano “¡Aquí No!” , surgido en 2015 , pero cobró impulso a partir de 2018 , pese a los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) . Los líderes opositores —Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Díaz López y Felipe Montaño Valenzuela— han denunciado hostigamiento, vigilancia, difamación, agresiones físicas e intentos de desaparición . Aunque cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas , los relatores señalan que los riesgos y el temor persisten .
Según los expertos, la construcción afecta directamente los derechos culturales y espirituales del pueblo yoreme , al alterar sitios sagrados y fuentes de sustento como el agua y la pesca , además de vulnerar su derecho a decidir sobre su territorio mediante un consentimiento libre e informado , principio reconocido por la SCJN y el derecho internacional .
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Foto: Redes sociales
Djs
