En medio del debate creciente sobre migración y seguridad fronteriza, las autoridades de Estados Unidos dieron un nuevo paso para rastrear el movimiento de dinero que pudiera estar ligado a redes criminales. La instrucción, emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), obliga a supervisar con mayor rigor las transferencias de dinero consideradas inusuales, especialmente aquellas que podrían estar vinculadas con migrantes en situación irregular, tráfico humano o lavado de activos.
La alerta fue dirigida a las Money Services Businesses (MSB), es decir, empresas dedicadas al envío de dinero, cambio de divisas, cheques y pagos electrónicos. Estas compañías deberán intensificar el monitoreo de operaciones que, por su volumen, frecuencia o destino, levanten sospechas de estar conectadas con actividades ilícitas.
De acuerdo con la FinCEN, los envíos de bajo o mediano monto son los que más llaman la atención de las autoridades, pues suelen ser utilizados por redes de coyotaje y estructuras de lavado de dinero para evitar que los sistemas bancarios detecten movimientos más grandes. El patrón, señalan, es fragmentar los pagos para pasar desapercibidos.
La instrucción responde a lineamientos de la administración Trump
La agencia explicó que esta medida surge a partir de una orden del presidente Donald Trump, quien ha insistido en reforzar los mecanismos de control financiero como parte de su estrategia para combatir la migración irregular y lo que su gobierno califica como amenazas a la seguridad nacional.
El gobierno estadounidense ha venido utilizando la vía financiera como uno de los frentes principales para frenar a organizaciones transnacionales. Con estas advertencias se busca que los MSB colaboren más activamente, reporten cualquier irregularidad y, en general, cierren el paso a flujos de dinero que puedan sostener operaciones criminales.
Controles más estrictos en estados fronterizos
La FinCEN recordó que ya se habían implementado medidas extraordinarias en Arizona, California y Texas, donde se exigió a ciertos negocios reportar transacciones en efectivo desde montos más bajos que los requeridos normalmente. El objetivo fue ampliar la capacidad de detección en zonas donde existe mayor flujo migratorio y presencia de redes que operan cerca de la frontera.
Estas acciones han permitido recopilar más información y detectar patrones regionales, pero también han generado críticas de organizaciones civiles que temen que personas que envían dinero legítimo puedan enfrentar procesos más complicados o retrasos innecesarios.
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