El conflicto legal que rodea al reguetonero Daddy Yankee escaló a un nivel federal luego de que el artista presentara una demanda en el Tribunal del Distrito de Puerto Rico, en la que acusa a su exesposa Mireddys González, a su exmanejador Raphy Pina y a varios colaboradores de haber operado, durante una década, un esquema de fraude relacionado con regalías, contratos musicales y registros de derechos de autor.
El recurso legal, ingresado el 29 de noviembre, se presentó bajo la Ley RICO, norma aplicada en Estados Unidos para perseguir actividades criminales organizadas, especialmente fraudes financieros y conspiraciones corporativas. Según los documentos judiciales, las personas señaladas habrían manipulado información contractual desde 2015 hasta 2025, afectando directamente el patrimonio del intérprete de “Gasolina”.
Un esquema que habría durado diez años
De acuerdo con la demanda, el presunto fraude no habría sido un conjunto de acciones aisladas, sino un sistema estructurado que incluía alteración de “split sheets”, modificación de contratos, inserción irregular de coautores, presunta falsificación de firmas y manipulación de documentos de copyright.
La denuncia sostiene que parte de estas maniobras habrían beneficiado a empresas vinculadas a Raphy Pina, que recibían regalías sin aportar trabajo creativo real. También se mencionan tácticas de presión emocional dentro de las compañías de Daddy Yankee para evitar que el personal cuestionara las decisiones internas.
El cantante habría detectado las irregularidades después de su separación de Mireddys González en 2024, cuando retomó el control administrativo de sus corporaciones. Una auditoría externa realizada ese mismo año habría reforzado las sospechas al encontrar documentos incompletos, archivos eliminados y discrepancias en la autoría de varias obras musicales.
Quiénes aparecen señalados en el expediente
Además de González y Pina, la demanda incluye al abogado Edwin Prado-Galarza, al productor Andrés Coll-Fernández y a distintas empresas editoriales y discográficas que formaban parte del equipo cercano del exmanejador. Todos habrían tenido participación en decisiones que impactaron el flujo de ingresos del artista.
El litigio ocurre en medio de un contexto personal complicado: además del divorcio, Daddy Yankee había anunciado su retiro de los escenarios, proceso durante el cual comenzó a revisar sus negocios y encontró los supuestos desvíos.
Lo que pide el artista ante la corte
Daddy Yankee solicita que se restauren todos los registros de derechos de autor alterados sin su permiso, además del reembolso de las regalías que habrían sido desviadas durante los últimos diez años.
Al estar amparada en la Ley RICO, la demanda podría permitir que los daños reclamados se tripliquen si se confirma la existencia de un esquema organizado. También pide una orden que impida a los acusados continuar reclamando participación en las obras involucradas.
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